El Ministerio del Comercio Interior (Mincin) puso en vigor este viernes un paquete normativo que reordena el entramado legal del sector, con el propósito de simplificar trámites, reconocer el peso creciente de los actores no estatales y digitalizar los procesos comerciales en la isla.
Los Decretos 167 y 168, junto a un grupo de resoluciones conexas, fueron presentados en conferencia de prensa por la ministra Betsy Díaz Velázquez, quien estuvo acompañada de su equipo directivo para explicar los alcances de una actualización que calificó de necesaria y oportuna.
Durante el encuentro, Aida González Bravo, directora de Mercadotecnia del Mincin, detalló que el Decreto 167, titulado “Del Comercio Interior”, constituye el eje rector de la nueva arquitectura legal y se fundamenta en los principios de transparencia, sostenibilidad y defensa del interés público. La funcionaria enfatizó que la protección al consumidor sigue siendo un eje estratégico de la política del organismo.
En el terreno práctico, el Decreto 168 aprueba el Reglamento del Registro Central Comercial y pone el acento en la informatización de los servicios. Arley Raymond Friol, responsable de ese registro, señaló que su inscripción será obligatoria para todos los actores autorizados a ejercer el comercio interior, ya sean personas naturales o jurídicas.
La norma introduce cambios sustanciales: define el concepto de establecimiento comercial, establece la declaración responsable como mecanismo para iniciar la actividad, y dispone que los locales que no facturen en moneda nacional abonen sus licencias en divisas. También se crea un régimen sancionador para quienes incumplan las disposiciones.
Entre las resoluciones complementarias, la número 23 crea un clasificador de establecimientos según tipología y productos, y fija los requisitos técnicos para su funcionamiento. Las resoluciones 25 y 195, por su parte, establecen las tarifas —en pesos y en moneda libremente convertible— que regirán los servicios del Registro Central Comercial.
La Resolución 15, relativa al perfeccionamiento del comercio mayorista, tiene además un efecto derogatorio explícito, eliminando regulaciones previas que quedaban obsoletas.
Yenisleydis Anazagate Traba, directora jurídica del Mincin, explicó que el nuevo cuerpo legal reduce y ajusta clasificaciones, define con mayor claridad la red y cadena comercial, y otorga un plazo de 90 días a los órganos de la administración central del Estado para que armonicen sus procedimientos internos a lo dispuesto.
La ministra Díaz Velázquez subrayó que la actualización responde al predominio cuantitativo del sector no estatal en el comercio y se enmarca en las transformaciones económicas y sociales impulsadas por el país. Destacó, además, beneficios concretos: la unificación de licencias que permiten múltiples actividades en un mismo local, el reconocimiento formal del comercio electrónico como modalidad, y la exigencia del pago electrónico como requisito técnico para operar, todo ello sin descuidar el empleo como prioridad social.
Con este paquete, el Mincin busca desburocratizar el sector, reducir tiempos de respuesta y ofrecer un marco legal más coherente con una realidad donde los actores no estatales son ya protagonistas indiscutibles del comercio interior, sin renunciar a la rectoría del Estado ni a la protección de los derechos de los consumidores.
