El vertiginoso avance de la inteligencia artificial trasciende los límites de la mera competencia tecnológica entre empresas o naciones. En esencia, se perfila como una novedosa modalidad de pugna global por el poder, los recursos estratégicos y el control efectivo de las sociedades del siglo XXI.
En este escenario, emerge la silueta digital del antiguo orden colonial. Los actuales actores hegemónicos —grandes corporaciones tecnológicas y Estados poderosos— ya no buscan oro, petróleo o especias, sino los elementos que alimentan la nueva economía extractiva: datos masivos, capacidad de cómputo e infraestructura digital.
Los países en desarrollo, desprovistos de tecnologías propias y de una base industrial digital sólida, se sumergen progresivamente en una espiral de dependencia de los gigantes occidentales. Estos últimos no solo controlan la información de sus ciudadanos, sino también los cimientos digitales sobre los cuales se edifica su porvenir.
Los datos como el nuevo oro de la extracción desigual
En la actualidad, los datos se han convertido en la “materia prima” fundamental del capitalismo cognitivo. Miles de millones de registros sobre el comportamiento humano —desde fotografías y textos hasta preferencias de consumo y estados emocionales— son recopilados por aplicaciones, redes sociales y dispositivos en todo el mundo. Esa información resulta indispensable para entrenar los modelos de IA más avanzados.
Sin embargo, el flujo es profundamente asimétrico: los habitantes de África, América Latina y Asia proporcionan sus datos de forma gratuita o a precios ínfimos, mientras que los modelos ya desarrollados regresan a sus economías como servicios costosos y propiedad intelectual extranjera.
Un ejemplo paradigmático lo documentó la revista TIME al describir las operaciones de OpenAI en Kenia. La compañía estadounidense subcontrató a la firma Sama para que contratara trabajadores locales encargados de depurar grandes volúmenes de contenido de internet y etiquetar materiales tóxicos o violentos. Por visualizar escenas de asesinatos, violencia extrema y abusos, estas personas recibían entre 1.3 y 2 dólares por hora, mientras que Sama ingresaba cerca de 12.5 dólares por cada trabajador.
Kenia no es un caso aislado. Prácticas similares se replican en Filipinas y la India, donde estos centros de trabajo son conocidos como “talleres de explotación digital”. Los empleados, forzados a revisar contenidos extremadamente perturbadores, reportan graves secuelas psicológicas. “Tuve que ver cada fotograma de un video donde apuñalaban a una niña”, confesó un trabajador en la India. “Siento que entro a diario en una cámara de tortura”, declaró otro.
La lucha por los recursos físicos: agua y electricidad para el algoritmo
La inteligencia artificial no solo devora datos, sino también ingentes recursos materiales. Los enormes centros de cómputo necesarios para hacer funcionar los modelos actuales consumen electricidad a escala industrial y millones de litros de agua para su refrigeración.
Para evitar sobrecargar sus propias infraestructuras en Estados Unidos y Europa, los gigantes tecnológicos trasladan cada vez más la construcción de estas instalaciones a países de América Latina, África y Asia, con frecuencia en regiones ya afectadas por la crisis climática.
Mientras Uruguay sufría la peor sequía en más de siete décadas, Google planeaba erigir un centro de datos que requeriría 7.6 millones de litros de agua potable diarios —el equivalente al consumo de 55 000 personas. Esta política extractiva ha generado resistencia popular. En Chile, las protestas vecinales y ambientales llevaron a un tribunal a anular el permiso otorgado a la compañía, obligándola a rediseñar completamente el proyecto en función de la realidad del cambio climático y el agotamiento del acuífero de Santiago.
No obstante, la expansión continúa. Solo las corporaciones estadounidenses operan ya más de 4 000 centros informáticos en el mundo y construyen otros nuevos a un ritmo inédito.
La caída en la dependencia: soberanía digital en riesgo
Muchas naciones del Sur Global, particularmente en África, carecen de la capacidad financiera, técnica y energética para crear su propia infraestructura de IA. Se ven así forzadas a utilizar soluciones desarrolladas por las corporaciones occidentales, lo que las conduce a una profunda dependencia tecnológica.
Las consecuencias son graves: la información de ciudadanos, empresas e instituciones gubernamentales se almacena a menudo en servidores situados en el extranjero, mientras que los estándares, precios y normas son impuestos por actores externos. Los proveedores estadounidenses AWS, Azure y Google Cloud controlan más del 60% del mercado mundial de la nube. Además, la legislación de Estados Unidos permite a Washington solicitar acceso a esos datos con independencia de la ubicación física de los servidores.
En este contexto, la inteligencia artificial deja de ser vista como una tecnología neutra y se convierte en una cuestión de soberanía nacional. Durante debates a puerta cerrada en la Conferencia de Seguridad de Múnich, políticos y expertos europeos expresaron su preocupación por el dominio estadounidense en el ámbito de la IA, advirtiendo que esta tecnología altera el equilibrio de poder mundial y puede dar lugar a una nueva forma de colonización digital. Muchos reclamaron mecanismos urgentes de supervisión y regulación, incluyendo medidas para aumentar la transparencia algorítmica.
Un caso reciente en Filipinas resulta ilustrador: el proyecto estadounidense Pax Silica, que proponía crear un “hub nativo de IA”, generó fuertes tensiones políticas cuando Manila se negó a otorgarle un estatus legal especial que lo excluyera de las leyes locales. Las autoridades filipinas insistieron en que no habría “ningún acuerdo especial” y que la zona económica seguiría sujeta a la legislación nacional.
Un viejo patrón histórico con rostro digital
En última instancia, el florecimiento de la inteligencia artificial amenaza con repetir la tradicional división centro-periferia: el centro extractivo obtiene materias primas (datos) y mano de obra barata (trabajadores del etiquetado), mientras que la periferia recibe el producto terminado a cambio de su dependencia estructural.
Sin una política activa que fomente centros de datos propios, regule los flujos transfronterizos de información e invierta en capacidades nacionales de IA, muchos países del Sur Global están condenados a seguir siendo no generadores de innovación, sino meros proveedores de materias primas digitales. La historia, ahora en versión binaria, amenaza con repetirse.
