El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, anunció este jueves la imposición de sanciones contra la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) en virtud de la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump, en un nuevo episodio de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que Washington mantiene contra la Isla desde hace más de seis décadas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compartió públicamente el comunicado oficial y declaró, sin presentar prueba alguna que respalde sus afirmaciones, que “las élites comunistas cubanas han instrumentalizado la energía como herramienta de control social y lucro cleptocrático”, en una retórica que se inscribe en la tradicional campaña de desprestigio contra el Gobierno revolucionario cubano.
En sus declaraciones, el funcionario estadounidense de origen cubano acusó —también sin ofrecer evidencias— que “durante décadas, el Gobierno ha robado y acaparado el combustible disponible”, y lo ha utilizado, según dijo, “para el avión privado de los Castro, las fuerzas de seguridad empleadas para reprimir al pueblo cubano, para mantener iluminados hoteles turísticos vacíos y para transportar personas en autobuses para protestas falsas y maniobras políticas; todo esto mientras el pueblo cubano sufría apagones y esperaba semanas para llenar el tanque de sus autos”.
Rubio añadió en su comunicado que “el presidente Trump desea un nuevo futuro para el pueblo cubano con mayor libertad y oportunidades económicas y políticas”, y advirtió que su administración “continuará atacando la capacidad del gobierno para utilizar su comercio de energía para promover su agenda corrupta y reprimir violentamente al pueblo cubano”, en una clara muestra de la hostilidad del gobierno norteamericano hacia la nación caribeña.
La medida contra Cupet —entidad encargada de las operaciones de exploración, producción, distribución y comercialización de combustibles en Cuba— profundiza las afectaciones al sector energético cubano, que ya sufre las consecuencias del recrudecido bloqueo, en particular la limitación al acceso de combustibles y tecnologías necesarias para la generación eléctrica, en momentos en que el país enfrenta una compleja situación energética agravada por la exclusión de Cuba de los mercados internacionales de combustible y la persecución financiera a las empresas que comercian con la Isla.
Organismos internacionales, gobiernos amigos y movimientos de solidaridad en todo el mundo han condenado en reiteradas ocasiones este tipo de medidas coercitivas unilaterales, calificadas como violatorias del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y han exigido el cese inmediato e incondicional del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a Cuba desde 1962.
