En un paso decisivo para la actualización del modelo económico cubano, quedó constituido oficialmente el Instituto Nacional de Activos Empresariales (INAE), una entidad de nivel nacional que asumirá la rectoría de las transformaciones en el sistema empresarial estatal, con el encargo de potenciar la autonomía real de las empresas y perfeccionar la gestión de la propiedad social.
La creación de este organismo, refrendada en el Decreto 144 del Consejo de Ministros y publicada este lunes en la Gaceta Oficial Ordinaria número 54, responde al cumplimiento de las acciones previstas en el Programa Económico y Social del Gobierno para 2026, y tiene como norte la modernización de las formas organizativas, el sistema de dirección y gestión, así como el marco regulatorio que establece el tratamiento diferenciado de las empresas, en correspondencia con los lineamientos de la política económica del país.
En conferencia de prensa, Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación (MEP), y Yovana Vega Mato, directora del Sistema Empresarial Estatal del propio ministerio, informaron que la nueva institución estará subordinada directamente al Consejo de Ministros y tendrá como presidente a Roberto Ricardo Marrero, designado para conducir este proceso de vanguardia en el entramado productivo nacional.
Alonso Vázquez subrayó que el INAE tiene como misión fundamental avanzar en la separación efectiva de las funciones estatales de las empresariales, un reclamo histórico para deslastrar a los Organismos de la Administración Central del Estado de tareas operativas y permitirles concentrarse en sus roles rectores, normativos y de control, mientras el Instituto se convierte en el brazo ejecutor y supervisor de la política empresarial.
“Las funciones del Instituto no sobrepasarán la autonomía empresarial que se busca; su rol esencial será capacitar, supervisar y proponer. La empresa estatal es propiedad de todo el pueblo, y el Instituto tendrá la función de representar a los nueve millones de cubanos para demandar que la propiedad social funcione con la máxima eficiencia posible y cumpla a cabalidad con sus obligaciones sociales”, enfatizó el titular del MEP.
Por su parte, Roberto Ricardo Marrero, flamante presidente del Instituto, fue enfático al despejar cualquier especulación sobre un eventual sobredimensionamiento burocrático. “No será un aparato burocrático ni mucho menos; será un equipo pequeño, con el personal indispensable para el cumplimiento de sus funciones. En una primera etapa compartiremos sede con el Ministerio de Economía y Planificación, y nuestra prioridad será garantizar que cada paso en este proceso de transformaciones necesarias y urgentes sea sólido, y que las trabas o errores que surjan sean resueltos de manera oportuna”.
Marrero aclaró que la supervisión del INAE sobre las entidades no será inmediata ni generalizada, sino que se implementará por etapas, asumiendo progresivamente atribuciones que hoy se encuentran diluidas entre varios organismos, lo que permitirá una visión integral y una mayor integración de los actores económicos, así como un mejor aprovechamiento de las capacidades productivas y de servicios.
El nuevo instituto tendrá además la potestad de proponer la creación de empresas estatales de interés nacional, mientras que con los niveles provincial, municipal y local mantendrá una relación de supervisión y acompañamiento. En cuanto a los procesos de liquidación y fusiones, estas continuarán siendo decisiones atribuidas a los grupos empresariales, los Consejos de Gobierno o las propias empresas, según corresponda.
Asimismo, quedó establecido que el Decreto Ley 114, “De las asociaciones entre entidades empresariales estatales y no estatales”, que introduce nuevas formas de colaboración con actores no estatales, continuará siendo competencia del Ministerio de Economía y Planificación, sin perjuicio de las coordinaciones que se requieran con el INAE.
Yovana Vega Mato insistió en la responsabilidad del Instituto en la capacitación de los directivos de las empresas estatales, un eje neurálgico para alcanzar la autonomía real y los resultados esperados en términos de eficiencia y aporte al Producto Interno Bruto. Para ello, el INAE desplegará un marco de estudios, investigaciones y acompañamiento sistemático durante todo el proceso de transformación.
