En el contexto del perfeccionamiento del modelo económico y social cubano, el Consejo de Estado, en sesión extraordinaria presidida por su titular, Esteban Lazo Hernández, dio luz verde a dos importantes instrumentos jurídicos: el decreto ley “Del Sistema Empresarial Estatal Cubano” y el decreto ley “Modificativo del decreto ley No. 76, de las Cooperativas Agropecuarias”.
Esta reunión, que forma parte del cronograma de implementación de las transformaciones estructurales acordadas en instancias superiores del Partido y el Gobierno, subraya la voluntad de adecuar el marco regulatorio a las nuevas realidades y exigencias del desarrollo nacional.
Durante la jornada, se argumentó que la actualización de las normativas que rigen el entramado empresarial estatal deviene una necesidad impostergable, a la luz de los debates y análisis sostenidos en el Buró Político, el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Ministros. Dichos análisis han evidenciado la urgencia de dotar a las entidades estatales de un andamiaje legal más flexible y acorde con los retos actuales, que potencie su papel protagónico en la economía sin renunciar a los principios socialistas.
El primero de los decretos leyes aprobados establece los principios generales de organización y funcionamiento del sistema empresarial estatal, sentando las bases para su transformación y desarrollo bajo la rectoría del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales.
Al respecto, Roberto Ricardo Marrero, presidente de dicho instituto, explicó que la norma da respuesta a 16 de las 17 transformaciones contempladas en el Eje temático 1, referido a los cambios en el modelo de gestión de los actores económicos, específicamente en lo concerniente a la Empresa Estatal Socialista, y además viabiliza la instrumentación de 12 transformaciones correspondientes a otros ejes estratégicos.
En igual sentido, Yovana Vega Mato, directiva del Ministerio de Economía y Planificación, precisó que este cuerpo legal constituye la plataforma habilitante para que el sistema empresarial estatal, bajo la guía del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, pueda desplegar todas las facultades y acometer las transformaciones encomendadas. Vega Mato subrayó que esta disposición se articula con un conjunto de normas jurídicas que se encuentran en proceso de elaboración, conformando así un ecosistema normativo integral que acompañará la nueva etapa de gestión económica.
En el debate, Esteban Lazo Hernández resaltó la trascendencia del decreto ley “Del Sistema Empresarial Estatal Cubano”, al refrendar a la empresa estatal socialista como el sujeto principal de la economía nacional y, al propio tiempo, contribuir a la ampliación de su autonomía, al estímulo de sus fuerzas productivas y a la definición clara de su responsabilidad social empresarial. Lazo Hernández insistió en que estas medidas no solo buscan eficiencia, sino también coherencia con el proyecto social cubano.
Por otra parte, el decreto ley “Modificativo del Decreto Ley No. 76, de las Cooperativas Agropecuarias” introduce cambios sustanciales en la constitución, organización, integración y funcionamiento de estas entidades, a partir de la necesaria actualización de la norma precedente, en consonancia con las transformaciones económicas y sociales en curso. Se persigue así dinamizar el sector agropecuario, reconociendo su papel estratégico en la soberanía alimentaria y el desarrollo rural.
Ambos textos legales serán publicados en la Gaceta Oficial de la República para su general conocimiento y entrada en vigor, con lo que se garantiza la transparencia y el acceso ciudadano a las nuevas reglas del juego económico.
En el tramo final de la sesión, se abordó además el rol del Consejo de Estado, desde sus atribuciones constitucionales en materia legislativa y de control, como garante y acompañante activo del proceso de implementación de las transformaciones económico-sociales. Se insistió en que el perfeccionamiento continuo del modelo socialista constituye la vía para alcanzar un crecimiento económico sostenido y un desarrollo social inclusivo, objetivos que guían cada paso de esta actualización normativa.
