Un alivio económico, ordenado y justificado, comenzará a reflejarse en los recibos de pago de los trabajadores de las unidades presupuestadas de Ciego de Ávila, con la aplicación, a partir de este mes, del Acuerdo 10.199 del Consejo de Ministros, publicado en agosto último.
La medida representa un esfuerzo institucional por contener la crítica fuga de fuerza laboral que afecta a servicios esenciales, mediante un estímulo financiero directo. Su mecanismo permite redistribuir los fondos de salario que no se hayan utilizado en el mes, destinándolos específicamente al personal que asume recargas de trabajo por vacantes o licencias sin cubrir.
Según explicó Damaris Betancourt Machado, directora provincial de Finanzas y Precios, el propósito central es claro: “incentivar la permanencia del personal” en sectores que han enfrentado un éxodo sostenido.
La iniciativa busca reconocer y compensar la sobrecarga laboral que recae sobre los empleados restantes cuando las plazas no se cubren.
“El beneficio, que incluye el pago neto y todos los tributos asociados, alcanza a todas las unidades presupuestadas y a todo el personal, sin distinción de categoría”, precisó Betancourt Machado.
No obstante, su implementación exige un procedimiento riguroso y descentralizado. Cada entidad debe elaborar su propio reglamento –con participación sindical– que establezca los requisitos específicos y la periodicidad de dichos pagos. Estos estímulos deben derivarse exclusivamente de una evaluación objetiva, mes a mes, de los fondos realmente no ejecutados, para evitar comprometer el presupuesto base de la institución.
Aunque el despliegue general a toda la administración presupuestada se planea para diciembre, el sector cultural en los municipios de Ciego de Ávila y Venezuela ya cuenta con experiencias pioneras que sirven de referencia.
La directiva aclaró que sectores como Educación y Salud ya contaban con mecanismos similares previamente autorizados. Por lo tanto, este acuerdo unifica y extiende el principio de reconocimiento al esfuerzo extra al resto de los trabajadores presupuestados que sostienen servicios esenciales para la provincia, en un contexto económico nacional complejo.
