Como parte del V Ejercicio Nacional de Enfrentamiento al delito, la corrupción y las drogas, la provincia de Villa Clara desplegó un intenso dispositivo de control que arrojó como saldo más de 1 773 inspecciones y la aplicación de 1 554 multas, por un valor total que supera los 9 416 000 pesos.
Así lo informó Irail Trujillo Álvarez, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial, quien detalló que cerca del 40 % de las infracciones (el 39.6 % para ser exactos) estuvieron relacionadas con violaciones en materia de precios y tarifas, una de las aristas más sensibles para la economía y la protección del pueblo.
En igual sentido, destacaron los hechos vinculados con el engaño a los consumidores, manifestado en irregularidades como el falseamiento del peso de la mercancía, la ausencia de precios visibles en los productos ofertados, la venta ilegal de servicios, retenciones indebidas de mercancías y la incorrecta aplicación de las normas de consumo, prácticas que lesionan la estabilidad del comercio interno y la confianza ciudadana.
El funcionario agregó que entre otras violaciones detectadas figuran la no utilización de las pasarelas de pago electrónico establecidas —una de las medidas priorizadas en el proceso de bancarización—, el ejercicio ilegal del trabajo por cuenta propia, el incumplimiento de las regulaciones higiénico-sanitarias y las violaciones de las normas urbanísticas, estas últimas con impacto directo en el ordenamiento territorial y la convivencia social.
Como parte de las acciones derivadas de los controles, las autoridades aplicaron medidas complementarias que incluyen ventas forzosas de mercancías, cierres temporales o definitivos de establecimientos, decomisos de productos, cancelaciones de proyectos vinculados al trabajo por cuenta propia, así como la paralización de servicios y la retirada de licencias sanitarias.
En un análisis más pormenorizado sobre el cumplimiento de las políticas de bancarización, Trujillo Álvarez advirtió que fueron numerosas las sanciones impuestas por negarse a emplear las pasarelas de pago.
Precisó, además, cuáles son las violaciones más recurrentes en este ámbito: el rechazo a determinadas denominaciones de billetes —especialmente los de 5, 10 y 20 pesos—, la imposición a los clientes de pagar exclusivamente en efectivo, la fijación de topes arbitrarios a las transferencias diarias en los negocios, y la aplicación de recargos del diez por ciento sobre el precio legalmente establecido.
Esta última práctica, subrayó el funcionario, no solo viola la ley, sino que abre puertas al negocio ilícito con la moneda digital y atenta contra los principios de la transparencia comercial.
