El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) actualizó el procedimiento para la atención, supervisión y control de la actividad de teneduría de libros en materia de prevención y enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Con su publicación hoy miércoles en la Gaceta Oficial Ordinaria número 37, entró en vigor la Resolución 86/2026, referida a ese asunto, en la cual se señala como sujetos obligados a su cumplimiento los trabajadores por cuenta propia y otros actores económicos no estatales.
En tal sentido menciona también a las micro, pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas no agropecuarias y a los proyectos de desarrollo local, es decir, a todas las figuras que ejercen la teneduría de libros, popularmente conocida como contabilidad.
De acuerdo con la norma, estos contribuyentes de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) están en la obligación de identificar y evaluar las amenazas y vulnerabilidades con enfoque de riesgo, que en algunos de los delitos mencionados puedan surgir en el desarrollo de su actividad.
También ellos están llamados a practicar la debida diligencia, el conocimiento del cliente e identificar el beneficiario final del negocio para el cual trabajan, y alertar a los órganos correspondientes ante operaciones sospechosas asociadas al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva u otros delitos.
Incluso deben abstenerse a prestar servicios a clientes que estén en listas internacionales o en la nacional, publicada en la Gaceta Oficial, de personas y entidades vinculadas a acciones terroristas.
De estas y otras obligaciones, y riesgos, la Onat debe apercibir a las personas naturales o jurídicas que ejercen la actividad de Teneduría de Libros, subraya la propia Resolución del MFP, además de hacer hincapié en las acciones de capacitación para esas figuras y funcionarios de los gobiernos locales, entre ellos, los intendentes.
Uno de los artículos aclara que el presente procedimiento lo aplican el Ministerio de Finanzas y Precios, sus direcciones provinciales y municipales, y la Oficina Nacional de Administración Tributaria, en tanto se inserta en los esfuerzos y políticas del país, junto a otros organismos e instituciones, en materia de prevención y enfrentamiento a los graves delitos señalados.
