La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) advirtió que la decisión gubernamental de elevar al 100% los aranceles a productos colombianos impacta hoy en el empleo, comercio y cadenas productivas en ambos países.
El conflicto se originó tras la medida del Gobierno de Daniel Noboa de establecer la denominada “tasa de seguridad”, que comenzó como el 30%, luego pasó a 50 y desde el 1 de mayo será del 100%, lo que provocó una respuesta equivalente de Colombia.
Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro anunció la imposición de aranceles del mismo nivel a productos ecuatorianos, aunque aclaró que los bienes considerados necesarios podrán ingresar con tarifa cero para reducir el impacto interno.
Fedexpor subrayó que esta escalada pone en riesgo una relación comercial de casi 60 años, considerada uno de los procesos de integración más relevantes de la región, y urgió a ambos gobiernos a desescalar las medidas.
El gremio insistió en que las diferencias en materia de seguridad fronteriza, argumento central del Ejecutivo ecuatoriano, no deben trasladarse al comercio ni afectar a ciudadanos y empresas.
En la frontera, autoridades locales y representantes productivos reportaron pérdidas y una caída abrupta de la actividad económica, especialmente en la provincia de Carchi, donde paralelamente crece el contrabando.
Desde Colombia, la Cámara de Comercio de Ipiales estimó pérdidas cercanas a 5.5 millones de dólares diarios, con unas 12 000 familias afectadas por la contracción del comercio y de servicios asociados como transporte, hotelería y ventas.
En tanto, el flujo de carga por el puente internacional de Rumichaca, que enlaza ambos países, cayó más del 90%, obligando a transportistas ecuatorianos a redirigir operaciones hacia Perú. Según el sector, unos 900 camiones dejaron de trabajar en la frontera norte, parte de ellos migraron a rutas hacia Perú, mientras otros enfrentan mayores costos operativos.
El Secretario General de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez, instó a los mandatarios Petro y Noboa a restablecer el diálogo directo ante la guerra comercial. El organismo regional advirtió que más de 4 700 empresas en su mayoría micro, pequeñas y medianas dependen del comercio intracomunitario.
La ministra de Comercio de Colombia, Diana Marcela Morales, sostiene que se han agotado los esfuerzos diplomáticos y desde Quito, la canciller Gabriela Sommerfeld dijo que las mesas técnicas binacionales estaban suspendidas temporalmente.
