Las nuevas disposiciones legales contenidas en el Decreto-Ley 114 de 2025 y la Resolución 8 del Ministerio de Economía y Planificación establecen vías inéditas para la articulación entre entidades estatales y no estatales, en correspondencia con las transformaciones económicas que impulsa el país.
Estas normativas favorecen la cooperación entre los distintos actores económicos mediante figuras como la sociedad de responsabilidad limitada mixta y los contratos de asociación económica, modalidades que permiten la combinación de recursos, capacidades y experiencias para dinamizar la producción y los servicios.
En un encuentro concebido por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) en Santiago de Cuba, especialistas del Derecho y emprendedores analizaron los beneficios de estas modalidades de gestión, que promueven la descentralización, la autonomía empresarial y la integración de recursos en función del desarrollo económico y social del territorio.
El Doctor en Ciencias Reinier Limonta Montero, director provincial de Desarrollo, destacó durante el intercambio que el Decreto-Ley 114 representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre el sector estatal y el no estatal en un plano cualitativamente superior.
Expresó que estas asociaciones permiten impulsar producciones de mayor envergadura, acceder a nuevos mercados y fomentar encadenamientos productivos, incluidos los orientados a la exportación de bienes y servicios.
Subrayó además que la asesoría jurídica resulta clave, en aras de garantizar la legalidad y el éxito de estas iniciativas, al diseñar soluciones ajustadas a las características de cada proyecto.
Por su parte, la abogada Vivian Vera Rosado, del Bufete Colectivo No. 2 de Santiago de Cuba, resaltó el papel del jurista en la implementación de estas alianzas, al asegurar que el acompañamiento legal adecuado resulta indispensable para el buen desarrollo de los procesos.
Señaló que la preparación de los profesionales del Derecho constituye un elemento esencial, a fin de brindar servicios de calidad tanto a entidades estatales como a actores económicos no estatales.
El Decreto-Ley 114 de 2025 constituye una herramienta estratégica para dinamizar la economía nacional, fomentar la innovación y fortalecer la cooperación entre los diferentes sectores productivos.
Con un adecuado asesoramiento jurídico y una gestión transparente, estas alianzas pueden contribuir a enfrentar los desafíos actuales y a impulsar un desarrollo económico más sostenible e inclusivo en Cuba.
