Como parte del sistemático programa de control y fiscalización que impulsan las autoridades cubanas en todos los niveles de gobierno, una comisión multisectorial realizó un exhaustivo recorrido por varios actores económicos de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, con el objetivo de verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y, al mismo tiempo, propiciar soluciones concretas que tributen a las verdaderas necesidades de la colectividad.
De acuerdo con informaciones ofrecidas por Radio Mayabeque, la jornada de inspección abarcó tres establecimientos de venta al público, donde los especialistas examinaron desde la documentación habilitante hasta las condiciones operacionales. En uno de esos puntos, se determinó la suspensión temporal de sus actividades al constatarse que carecía del certificado de validación del proyecto de trabajo, un documento sine qua non para el ejercicio lícito de cualquier iniciativa económica en el país, lo que evidencia la rigurosidad con que se aplican los marcos normativos.
La fuente precisó que el proceso, concebido mucho más allá de un mero acto administrativo, persigue generar un clima de consenso y responsabilidad compartida con los actores económicos. Durante el intercambio, se abordaron temas de alta sensibilidad para los consumidores, tales como la generalización del uso de las transferencias bancarias como vía de pago y la correcta formación de los precios, aspectos que inciden directamente en la estabilidad del mercado local y la protección del poder adquisitivo de las familias.
Uno de los hallazgos más relevantes del operativo fue la baja utilización de las pasarelas de pago electrónico, una tendencia que contraviene las orientaciones estratégicas del país para avanzar hacia una economía más digitalizada y transparente. Ante esta realidad, las autoridades insistieron en la necesidad de que los titulares de negocios asuman una mayor responsabilidad en la implementación de estos canales, así como en la importancia de un seguimiento sistemático que asegure la corrección de estas deficiencias en el menor tiempo posible.
La nota periodística resalta que la comisión ejecutora de estas inspecciones está integrada por una representación amplia y articulada del poder popular y el Partido, con la participación de cuadros del Gobierno local y del Partido Comunista de Cuba en el territorio. A ellos se suman especialistas de la Dirección Municipal de Inspección Estatal, la Oficina de Comercio, la Policía Nacional Revolucionaria, los órganos de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía y la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT). Esta presencia sinérgica permite abordar cualquier irregularidad desde una perspectiva multidimensional, estableciendo un diálogo directo y constructivo con los actores económicos, al tiempo que se les brinda orientación jurídica y fiscal.
El propósito central de estos operativos, confirma el texto, es garantizar que el funcionamiento de cada establecimiento responda no solo a las normas establecidas, sino también a las demandas reales y crecientes de la población. Se persigue, en esencia, asegurar precios razonables y justos, fomentar la transparencia en todas las operaciones mercantiles y facilitar las condiciones para que el pago electrónico se convierta en una alternativa ágil y segura para todos los ciudadanos, en correspondencia con los lineamientos de la política económica y social del país.
