A pocos días de cumplirse los plazos legales, la provincia de Las Tunas enfrenta retrasos significativos en la actualización documental de actores no estatales, un proceso que requiere la colaboración urgente del sector privado para agilizarse.
Actualmente, un equipo de especialistas trabaja en la implementación de nuevas normativas vigentes desde septiembre de 2023, pero la falta de participación activa de los involucrados ha ralentizado los avances.
Miguel González Velázquez, director de Trabajo y Seguridad Social en la provincia, explicó al Periódico 26 que, según lo establecido, todos los líderes de proyecto debían actualizar su información ante las autoridades antes del 30 de marzo de 2025.
“En primer lugar, los trabajadores por cuenta propia deben declarar la cantidad de empleados vinculados. Según la legislación, estas personas ya no serán consideradas trabajadores por cuenta propia, pasan a ser empleados de los líderes de proyecto. La ley establece que se puede tener hasta tres obreros y esto trae consigo cambios, incluso, en lo referente a la seguridad social”, detalló.
Agregó que es obligatorio que los líderes actualicen sus proyectos en las oficinas de Trabajo y Empleo para definir los impuestos salariales por el uso de fuerza laboral.
“A partir del 30 de marzo, automáticamente, el sistema que controla este asunto ya no se actualiza y los negocios pueden ser objeto de multas, por estar laborando ilegalmente y no haber implementado la disposición mencionada”, advirtió.
Respecto a las ventas mayoristas, González Velázquez precisó que los líderes de proyecto tienen hasta el 7 de mayo de 2025 para ajustar esta actividad en sus emprendimientos. “Desde el 8 de mayo, ninguno podrá realizar esa acción y de hacerlo corre el riesgo de ser multado”, subrayó.
Según la fuente, la Dirección de Trabajo y Seguridad Social en Las Tunas continúa organizando el escenario no estatal para adaptar los nuevos requerimientos a las demandas específicas de cada territorio.
