La publicación este miércoles en la edición Ordinaria No. 32 de la Gaceta Oficial de la República del Decreto 127 “De las Instituciones Presupuestadas”, así como del conjunto de Resoluciones ministeriales que fungen como su andamiaje jurídico complementario, representa un hito de particular relevancia en la estrategia gubernamental de perfeccionamiento del sector público.
Dicha publicación se alinea de manera directa con las proyecciones contenidas en el Programa Económico Social del Gobierno para el año 2026, cuyo espíritu esencial reside en el impulso de la eficiencia administrativa y en la consecución de un uso más austero y racional de los recursos materiales y financieros del Estado.
Al ofrecer detalles sobre el alcance de este nuevo cuerpo legal, Berta Iris Rojas Gatorno, directora de política financiera del Ministerio de Finanzas y Precios, explicó que la norma –que entrará en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial– abarca más de 2 400 unidades presupuestadas en todo el país, las cuales agrupan más del 50% de la fuerza laboral del sector.
Esta magnitud estadística confiere a la implementación del decreto una trascendencia estructural para el funcionamiento de los servicios básicos y la gestión gubernamental en todos los niveles.
En su intervención, la directiva precisó que el decreto busca redimensionar la Administración Central del Estado, perfeccionar sus estructuras y reducir la carga que representa el sostenimiento de gastos administrativos para el presupuesto estatal.
En este empeño de reordenamiento institucional, añadió que entre sus objetivos fundamentales se encuentran alcanzar mayor eficiencia en la dirección de la economía, eliminar cargos no vinculados a funciones específicas y fortalecer la gestión territorial, un aspecto que refuerza el protagonismo de las instancias municipales y provinciales en la toma de decisiones.
Un cambio sustancial se verifica en la arquitectura de aprobación de las figuras organizativas. Como parte de las transformaciones organizativas, la creación, fusión, extinción o traspaso de estas entidades será aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del papel del Ministerio de Finanzas y Precios, lo que reorganiza el proceso institucional que anteriormente recaía en el Ministerio de Economía y Planificación.
Con este desplazamiento de competencias, se busca una gestión más integrada de la política fiscal con el diseño institucional del Estado. De igual forma, la norma también descentraliza facultades hacia los organismos, al permitir que los jefes de órganos y entidades aprueben actividades autofinanciadas, en función de lograr una gestión más ágil y eficiente y menos dependiente de autorizaciones centralizadas.
Desde la óptica de la política laboral, Guillermo Sarmiento Cabanas, director de organización del trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, señaló que el Decreto 127 establece un marco regulatorio integral para el funcionamiento del sistema presupuestado, destacando la necesidad de lograr una mayor racionalidad en el uso de los recursos humanos.
En la práctica, esta racionalidad se traduce en un reordenamiento de las plantillas laborales para priorizar las funciones sustantivas sobre las de apoyo.
En esa dirección, el directivo explicó que una de las disposiciones clave es que los cargos no vinculados directamente a la actividad principal de las entidades no superen el 30% de la plantilla, lo que contribuirá a conformar estructuras más planas, funcionales y transparentes.
Se trata de un esfuerzo por eliminar el sobredimensionamiento burocrático y acercar la administración al ciudadano y a los procesos productivos o de servicios fundamentales.
En el capítulo referido a los incentivos y la autonomía financiera, Sarmiento Cabanas subrayó además que la norma introduce nuevas facultades para las unidades presupuestadas con tratamiento especial, las cuales podrán diseñar su organización salarial de manera descentralizada, aplicar sistemas de pago a todos los trabajadores y ampliar sus capacidades de gestión económica. Esta diferenciación permite que aquellas entidades con potencial para generar ingresos propios puedan dinamizar su gestión laboral y financiera sin ataduras excesivas.
Concretamente, indicó que las unidades que logren autofinanciar sus gastos podrán establecer su sistema salarial sin vinculación a la escala general, mientras que aquellas con financiamiento parcial podrán aplicar mecanismos de pago más flexibles, eliminando restricciones anteriores que limitaban la capacidad de retribuir el esfuerzo laboral en correspondencia con los resultados.
Finalmente, ambos directivos coincidieron en que estas medidas forman parte de un proceso integral dirigido a incrementar los ingresos de los trabajadores, mejorar la eficiencia de las entidades y avanzar en la transformación del sector presupuestado hacia un modelo de gestión más moderno, sostenible y orientado a los resultados.
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