Los datos que ofrece Joel Granados Macías, especialista del Programa de Subsidios en la Dirección Provincial de la Vivienda, van antecedidos, y sucedidos, de apostillas, porque ninguno alcanza a mostrar, con exactitud, la realidad que describe. Debe aclarar, casi todo el tiempo.
Si habla, por ejemplo, de los planes de 2023, debe precisar que son, en su mayoría, subsidios aprobados en 2018, de modo que, para no pocos, hay un quinquenio de desfase y algunos necesitarán de más tiempo.
Por eso también tiene que hacer la salvedad de que, de los 548 pendientes, solo 412 están incluidos en los chequeos y planes de este año. Dato que, a su vez, podría parecernos “exagerado” si mostramos el cronograma de cumplimientos, al cierre de mayo.
Hasta esa fecha solo se habían concluido 72 subsidios y la cifra no llegaba ni a la mitad de lo proyectado para estos cinco meses, amén de que los recursos “han estado bastante estables”. De ahí que Joel muestre recelos al pronosticar cumplimientos de cualquier plan que implique asignación de materiales/dinero suficiente para la adquisición-transportación-esfuerzo del beneficiado en ejecutar la obra (albañil contratado mediante), apoyo de las autoridades locales, etcétera.
En semejante alineación hay unos cuantos descarriles y un reciente historial pudiera redondearlos: en 2022 solo se terminaron 196 subsidios, para un 26 por ciento de ejecución, y tal caída representó casi la mitad de lo que se levantó cuatro años antes, cuando Invasor reportó 410.
El decrecimiento real ha sido elocuente, aun cuando en planes este ha sido un programa priorizado desde 2012 y la construcción de una célula básica de 25 metros cuadrados represente la gloria para personas que no tendrían cómo, por sus propios medios, adquirir o construir una vivienda.
No obstante, si hablamos de respaldo, lo prioritario de la política queda en entredicho, aunque no es algo que Joel admita tajantemente. Él dice que “se está estudiando”, “que están las propuestas de la nueva norma”, “que es facultad del país y no depende de la provincia”, “que el dinero no alcanza”, “que hoy, con el monto asignado, no se puede…”.
Cinco meses después de que el ordenamiento monetario devaluara la moneda, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo 9072, y el monto para subsidios ascendió de 85 000.00 a 188 560.00 pesos. Así de exacto había sido el cálculo y en ese momento de 2021 daba la cuenta, asegura Joel.
Dos años más tarde, otros son los resultados. Ciego de Ávila necesitaría otros 48 millones de pesos para respaldar los subsidios que tiene aprobados.
Los montos definidos por normativa desconocen la tasa inflacionaria en la que operan las propias entidades estatales que suministran recursos a la Vivienda.
“Ubícate en que la carpintería para un subsidio salía hace dos años en alrededor de 7000.00 pesos y ahora ronda los 56 000.00. La cerámica también se disparó, y el enchape y los áridos…”. La lista de Joel es copiosa y explica, de algún modo, por qué algunos subsidios no lleguen a (feliz) término. ¿Y los que sí?
“Generalmente, quienes logran terminar es porque tenían los recursos comprados hace tiempo, o algún familiar les construye y se ahorran el dinero de la mano de obra, o tienen facilidades para la transportación”, sospecha.
Aun así, Joel considera que, en paralelo, la morosidad ha sido una constante. Personas que tienen los recursos y no terminan, gente que se conforma con tener las paredes y el techo seguro, y no se ocupan de la terminación, sin la cual la vivienda no se da por concluida. Familias con situaciones personales muy complejas, cuyos casos deben evaluarse en los gobiernos locales para el apoyo real o para que la obra sea asumida por el programa estatal y las brigadas constructoras la ejecuten.
Sin embargo, han existido, además, expedientes aprobados de personas que ya han fallecido, o salido del país, o que han vendido los materiales asignados y ahora no tienen cómo concluir su hogar. Un proceso de revisión en junio de 2022 actualizó las cifras y, al margen de que se cancelaran algunos subsidios, la revisión mostró las complejidades de un programa que hoy no está detenido, pero tampoco avanza al ritmo de sus demandas.
Lo sostiene Joel Granados con dos datos que son, en sí mismos, la apostilla de todos los anteriores: “El año pasado se aprobaron, apenas, 35 subsidios y fueron evaluados al detalle. Solo se están otorgando, por indicación, para casos de derrumbes, incendios, afectaciones por eventos climatológicos, etcétera. Para 2023 no se aprobó ninguno”.
(Tomado de Invasor)
