Consejo de Estado evalúa implementación del Programa Económico 2026 con énfasis en la producción de alimentos

El Consejo de Estado de la República de Cuba, encabezado por su presidente Esteban Lazo Hernández y con la participación del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, analizó en su sesión ordinaria de abril el avance en la implementación del Programa Económico y Social del Gobierno para el año 2026, así como la evolución de objetivos estratégicos durante el primer trimestre del presente calendario.

En el análisis del programa, publicado el primero de abril tras un amplio proceso de consulta popular que involucró a más de dos millones de ciudadanos, el primer ministro Manuel Marrero Cruz subrayó que las prioridades inmediatas de trabajo se concentran en tres ejes fundamentales: la producción nacional de alimentos, la captación de ingresos externos y el avance en la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional.

Durante la jornada, los miembros del máximo órgano de gobierno entre períodos legislativos examinaron los resultados de los objetivos generales 2, 3 y 9 correspondientes al primer trimestre, enfatizando la necesidad de llevar este tipo de análisis a los niveles territoriales en los consejos provinciales y las asambleas municipales del Poder Popular.

En materia económica, el vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga profundizó en la estrategia gubernamental orientada a diversificar las fuentes de ingresos y sustituir importaciones. Al respecto, el Consejo de Estado ratificó la urgencia de incentivar las exportaciones y dinamizar los negocios con inversión extranjera, incluyendo la participación activa de los cubanos residentes en el exterior.

Los titulares de los sectores de la Agricultura, Energía y Minas, y el presidente del Grupo Azucarero AZCUBA intervinieron en el debate sobre la soberanía energética y la producción local de alimentos. Entre las tareas inmediatas señaladas destacaron la solución de los impagos a productores agropecuarios, el fortalecimiento del control sobre el uso y tenencia de la tierra, y el incremento sostenido de las fuentes renovables de energía en la matriz nacional.

En el ámbito legislativo, el Consejo de Estado aprobó el decreto ley “De la Condición Migratoria de Inversores y de Negocios de los Ciudadanos Cubanos Residentes en el Exterior”, normativa que regula e incentiva la participación de este sector de la nación en el modelo de desarrollo económico cubano.

Asimismo, el órgano adoptó un acuerdo para la unificación de los sistemas de Atención a la Población en un único departamento con sede en las asambleas municipales del Poder Popular. Esta medida suprime la duplicidad de estructuras que existía entre dichas asambleas y los consejos de administración locales, en aras de una mayor eficiencia en la gestión gubernamental.

El Consejo de Estado evaluó también informes y dictámenes que quedaron pendientes de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional correspondiente a diciembre de 2025. Estos documentos incluyen las rendiciones de cuenta del Gobierno Provincial de Ciego de Ávila y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, así como la fiscalización realizada al Ministerio de Justicia.

Como punto conclusivo, se revisó la marcha de los preparativos del movimiento “Mi Barrio por La Patria”, iniciativa que se consolida como un pilar para el fortalecimiento de la participación ciudadana mediante sus tres frentes de trabajo: Barrio Seguro, Barrio Participativo y Barrio Productivo.

El Programa Económico y Social del Gobierno 2026, que guía las acciones analizadas, constituye una evolución del plan de estabilización previo y se erige como una hoja de ruta objetiva para enfrentar la compleja situación económica, agravada por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

La versión final del documento es resultado de un intenso proceso democrático que recopiló más de 140 mil propuestas en 76 172 reuniones de consulta efectuadas en todo el territorio nacional, a lo que se sumó el trabajo de control parlamentario desarrollado directamente en 78 municipios durante 2025.

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