Convertir cada parcela en fuente de alimentos es un propósito que convoca a campesinos y directivos en la occidental provincia de Artemisa. Aunque el decreto ley 358 de 2018 —que permite entregar en usufructo gratuito tierras estatales sin explotar— cumple ya ocho años de vigencia, aún quedan extensiones sin cultivar que podrían fortalecer la soberanía alimentaria del territorio.
La norma vigente faculta la cesión de estos suelos a personas naturales por tiempo determinado y a personas jurídicas por tiempo indeterminado, siempre que se garantice una explotación racional y sostenible acorde con la aptitud de cada terreno para la agricultura, la caña, la foresta o los frutales.
Pero, ¿cómo se traduce la ley en resultados concretos? Fidel Israel Lorente Arias, jefe del Departamento de Control de la Tierra y los Tractores en Artemisa, ofreció al periódico local, El Artemiseño, un balance actualizado: desde la puesta en marcha del decreto hasta el cierre de febrero, 47 067 hectáreas fueron declaradas ociosas e ingresaron al Fondo destinado a tal fin.
De esa cifra, 47 017 han sido solicitadas. Como resultado, 42 245 hectáreas ya fueron entregadas a nuevos usufructuarios, mientras 4 772 permanecen en distintos peldaños del proceso administrativo. Durante el bienio 2024-2025, se sumaron al Fondo poco más de 8 000 hectáreas y las solicitudes superaron esa cantidad. En ese mismo lapso se materializó la entrega de 10 581 hectáreas, se redujo la cartera de trámites pendientes en 3 325 hectáreas y las tierras no demandadas disminuyeron en 805.
El directivo precisó que aún hay 49.31 hectáreas sin solicitantes, repartidas entre Alquízar (41.21) y Bauta (8.1). Agregó que están en proceso de liberación otras 600 hectáreas ubicadas en Bauta, Güira de Melena y la ciudad cabecera, cuya incorporación al Fondo se espera en breve.
Las trabas que frenan la celeridad
Reconoció Lorente Arias que el proceso no marcha con la rapidez deseada debido a varios cuellos de botella. Por un lado, las demoras de Geocuba en la medición de los terrenos retrasan la obtención del Certificado Catastral que debe emitir el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu). Por otro, la escasez de peritos calificados en las empresas impide realizar con prontitud el avalúo de las tierras, documento indispensable para las delegaciones municipales.
Para mitigar estos obstáculos, el Ministerio de la Agricultura instruyó a los delegados municipales la emisión de una resolución de administración provisional. Esta figura, previa consulta a los órganos colegiados que intervienen en la cadena de entrega, permite al solicitante sin impedimentos acceder de inmediato al terreno y comenzar a trabajarlo mientras se completan los trámites documentales.
San Cristóbal: un municipio con dinámica propia
En el extremo sur de la provincia, el municipio de San Cristóbal muestra una realidad diferente. Arnaldo Viera Pompa, jefe de Registro y Control de la Tierra y Tractores en la Delegación municipal de la Agricultura, detalló que durante 2025 se recibieron 1 468 peticiones. De ellas, 1 421 llegaron a la comisión agraria y 1 325 resultaron aprobadas.
A diferencia de otros territorios, aquí no existe ningún expediente paralizado por falta de mediciones de Geocuba, por trámites de Planificación Física, por certificaciones de suelos o por demoras en la comisión agraria. El resultado acumulado asciende a 24 312.64 hectáreas entregadas, actualmente dedicadas a cultivos varios, frutales, ganadería y arroz.
Un fenómeno destacable en San Cristóbal es la creciente participación femenina. Iriasel Arteaga Álvarez, delegado de la Agricultura en el municipio, precisó que 243 mujeres han presentado solicitudes que abarcan 2 553.72 hectáreas. De estas, 229 se han traducido en usufructos efectivos que suman 2 365.76 hectáreas ya en explotación. Las 14 restantes continúan en proceso.
Voces desde el campo: “El sacrificio vale la pena”
Gisela Álvarez Pérez es una de esas mujeres que decidió apostar por la tierra. “Tenía 24.4 hectáreas vinculadas a la UBPC Rafael Ferro y me asignaron 20.4 más. Mi cultivo principal es la caña, pero también produzco arroz. Las nuevas extensiones las destinaré a otros cultivos y a la ceba de toros en alianza con la Empresa 30 de Noviembre”, explicó.
“Estoy muy motivada —enfatizó— porque, aunque el trabajo es duro, se puede con esfuerzo propio obtener los alimentos para la familia y aportar con orgullo a la comunidad”. Las áreas recién recibidas están en demolición y no pueden sembrarse de caña. “Ya tenemos plantada yuca, boniato, un banco de semillas y construimos una casita rústica. Antes había que cocinarle a más de 20 hombres al sol, en la guardarraya de caña. Hemos ido humanizando el trabajo”, relató.
Además, 24 jóvenes desmovilizados del Servicio Militar demandaron tierras. La mayoría ya las tiene en producción. Como parte de la estrategia municipal, se identificaron 585.7 hectáreas ociosas en manos de empresas, con el propósito de que recuperen esos fondos y los pongan a producir. La Empresa Agroindustrial de San Cristóbal, por ejemplo, ya destinó 101.60 hectáreas a cultivos varios, 481.42 a ganado mayor y 2.68 a arroz.
Continuidad y límites del usufructo
Viera Pompa señaló que algunos usufructuarios han renunciado a sus tierras, las cuales se reasignan a nuevos solicitantes —a veces para asegurar la continuidad familiar— o se entregan como ampliación a productores que requieren más superficie para ganadería o cultivos. Precisó que en el municipio aún existen personas con ganado propio pero sin tierra suficiente, quienes ahora tienen la oportunidad de solicitar.
La extensión máxima para personas naturales sin tierras en ningún concepto es de 26.84 hectáreas (dos caballerías) para producciones agropecuarias y forestales. Para solicitudes de ganado mayor y cultivos en polos productivos, esa cifra opera como límite mínimo, pudiendo incrementarse hasta 67.10 hectáreas.
Más allá de los números, lo esencial es que cada hectárea entregada se traduzca en alimentos disponibles para la población. Mantener una cultura de control y sistematicidad sobre el trabajo en el campo resulta imprescindible. Porque llevar comida a la mesa no admite demora, ni en Artemisa ni en ningún rincón de Cuba.
