La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) dio luz verde este miércoles a la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, un cuerpo normativo de gran envergadura que viene a sustituir y unificar disposiciones dispersas en más de dos decenas de normas legales vigentes hasta la fecha.
La aprobación de la legislación ocurrió tras la presentación realizada por el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, quien ante diputados, invitados nacionales y extranjeros, y principales autoridades del país, desglosó los fundamentos que sustentan la nueva norma, el minucioso proceso de su elaboración y los cambios sustanciales que incorpora al ordenamiento jurídico cubano.
En su intervención, el titular del ramo subrayó que la aprobación de esta ley responde a la imperiosa necesidad de actualizar las regulaciones sobre la tierra en total correspondencia con los postulados de la Constitución de la República, los compromisos internacionales asumidos por la nación caribeña y las transformaciones económicas y sociales que actualmente se implementan en el país.
Se trata, afirmó, de un instrumento jurídico que permite ordenar y sistematizar en un solo texto dos decretos leyes y veinte normas complementarias relacionadas con la materia, además de actualizar disposiciones vinculadas con la posesión, la propiedad, la herencia, el usufructo y el uso de estos bienes.
“Esta es una ley que articula todo el proceso que tiene relación con las tierras y los procesos que se vinculan con ella”, enfatizó Pérez Brito durante su exposición ante el plenario.
El ministro fue enfático al señalar que la nueva norma no constituye un nuevo proceso de reforma agraria, sino que da continuidad a los fundamentos esenciales de la Ley de Reforma Agraria, manteniendo principios históricos e innegociables como la prohibición de la concentración de tierras, el arrendamiento, la aparcería y los préstamos hipotecarios.
Asimismo, se conserva el límite máximo de la propiedad privada sobre la tierra en 67,10 hectáreas, equivalentes a cinco caballerías, con las excepciones establecidas para los beneficiarios de la primera Ley de Reforma Agraria. La legislación ratifica también el principio rector de “la tierra para quien la trabaja” y el derecho preferencial del Estado en la transmisión onerosa de estos bienes.
Un proceso legislativo sin precedentes por su participación
El titular de la Agricultura calificó la elaboración del proyecto como el proceso legislativo “más participativo y extenso” realizado hasta la fecha por ese organismo. Según detalló, desde 2022 se conformó un grupo de trabajo integrado por 53 especialistas de alto nivel, que desarrolló las propuestas de políticas y normas jurídicas. En la construcción del texto participaron activamente productores, cooperativistas, campesinos, dirigentes, instituciones académicas y organizaciones especializadas, lo que le confiere un alto grado de consenso y legitimidad social.
Como parte de las consultas populares, más de 300 personas participaron de manera presencial y más de 19 000 mediante plataformas digitales, reflejando el interés y la implicación de los cubanos en un asunto de vital importancia para la seguridad alimentaria y la soberanía nacional. Además, se realizaron intercambios directos con 6 941 personas, de ellas 1 890 cooperativistas y campesinos, lo que permitió incorporar 98 modificaciones sustanciales al proyecto original.
Pérez Brito destacó igualmente que, tras la presentación de la iniciativa legislativa por el Consejo de Ministros, las comisiones parlamentarias desarrollaron talleres provinciales y consultas con los diputados, procesos en los que se recibieron cientos de criterios que derivaron en nuevas modificaciones al texto.
El acompañamiento técnico de organismos internacionales, así como la participación de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y la Sociedad Cubana de Derecho Agrario de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, fueron también elementos clave en el rigor y la calidad final de la norma.
Principales objetivos y alcances de la nueva ley
La Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal establece el marco general del régimen de propiedad, posesión, sucesión por causa de muerte y uso de las tierras y bienes agropecuarios, con un claro enfoque hacia el uso sostenible de los recursos naturales.
Entre sus propósitos fundamentales se encuentran regular el uso sostenible de la tierra; actualizar las normas sobre propiedad y usufructo; establecer disposiciones sobre transmisión de tierras, herencia y contratos agropecuarios; regular la agricultura por contrato; fortalecer las comisiones de asuntos agrarios; y crear procedimientos administrativos sancionadores y mecanismos para la solución de conflictos en materia agraria.
La norma está estructurada en 13 títulos, 27 capítulos, 118 artículos, ocho disposiciones especiales, tres transitorias y ocho finales, lo que evidencia su carácter integral y su vocación de abarcar todas las aristas del complejo entramado agrario y forestal cubano.
Nuevas disposiciones y facilidades para la producción
Entre las novedades más significativas, el ministro mencionó el reconocimiento expreso de los derechos de campesinos y otros productores agropecuarios y forestales, así como la actualización de conceptos clave relacionados con la propiedad, posesión y uso de la tierra. La legislación abre además la posibilidad de desarrollar actividades vinculadas al turismo rural, ecoturismo y agroturismo en tierras agropecuarias y forestales, lo que diversifica el espectro productivo y genera nuevas fuentes de ingresos para las comunidades rurales.
En el ámbito de los conflictos, la ley establece el acceso a la vía judicial para su solución, una posibilidad que actualmente se tramita fundamentalmente por la vía administrativa, lo que agiliza y garantiza una mayor transparencia en los procesos. También se actualizan las infracciones relacionadas con el uso y protección de la tierra y se fortalecen las decisiones colegiadas y la descentralización en los procesos vinculados con la entrega y control de tierras.
Pérez Brito explicó que se establece la inscripción gradual de las tierras en el Registro Central de la Propiedad de Bienes Inmuebles, así como la creación de un registro de tierras destinado al control de su uso, posesión y entrega en usufructo, lo que permitirá un seguimiento más eficaz y una gestión más transparente del patrimonio territorial del país.
Flexibilización para la entrega y explotación de tierras
Uno de los cambios de mayor impacto está relacionado con los mecanismos para la entrega de tierras. La ley flexibiliza los procedimientos para otorgar tierras en usufructo a personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras, siempre que estén vinculadas a proyectos productivos, y permite la entrega a micro, pequeñas y medianas empresas privadas o mixtas cubanas, ampliando así el espectro de actores económicos que pueden contribuir al desarrollo agropecuario.
Asimismo, autoriza que las cooperativas, sus asambleas generales y las empresas estatales puedan participar en la entrega de tierras bajo su administración, con la responsabilidad de garantizar posteriormente el control y la explotación adecuada de esas áreas, lo que agiliza los trámites y acerca la toma de decisiones a los territorios.
El ministro subrayó que el objetivo primordial de estas medidas es incorporar más personas al trabajo agrícola, aprovechar mejor las tierras ociosas y deficientemente explotadas e incrementar la producción de alimentos, un anhelo nacional en el que el Gobierno ha puesto especial énfasis. “Lo que hace falta es ir a la tierra a producir”, sentenció Pérez Brito, al tiempo que recordó que aproximadamente el 80 % de las tierras en Cuba son propiedad estatal socialista y son administradas por empresas estatales, mientras que el resto corresponde a productores privados, una realidad que también es contemplada en la nueva legislación.
La Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal constituye, en palabras de su impulsor, una actualización integral del marco jurídico para favorecer el uso eficiente de la tierra, fortalecer la producción nacional de alimentos y garantizar una gestión sostenible del patrimonio agropecuario y forestal del país, en sintonía con los objetivos de desarrollo y soberanía alimentaria trazados por la Revolución.
