Durante el periodo de enero a agosto de 2025, el Sistema de Tribunales de Cuba implementó un conjunto de acciones dirigidas a la prevención y enfrentamiento de los delitos asociados al ganado mayor, según información publicada en el sitio web del Tribunal Supremo Popular.
La estrategia, desplegada a lo largo del país, combinó el rigor procesal con una labor de intervención comunitaria y preparación judicial.
Las acciones incluyeron la preparación de jueces, la atención a los planteamientos de campesinos y dirigentes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la participación en reuniones de asociados para esclarecer dudas e insatisfacciones, la realización de juicios ejemplarizantes y la publicación de artículos sobre procesos judiciales.
El balance del período refleja un alto nivel de severidad en las sentencias. Las estadísticas oficiales indican que el 96% de las personas juzgadas resultó sancionado.
El desglose de las condenas muestra un 90.7% que recibió sanciones de internamiento, un 7.5% penas alternativas y un 1.8% multas. Estas condenas principales se vieron complementadas de manera sistemática con sanciones accesorias como el comiso de bienes, la prohibición de salida del territorio nacional y la privación de derechos.
En un componente dirigido a la reparación del daño, en los casos correspondientes, los responsables fueron condenados a resarcir económicamente a las víctimas y perjudicados, por una suma total que ascendió a 17 937 056 pesos en moneda nacional.
Estrategia preventiva y vinculación con la comunidad
Como parte de la estrategia preventiva, se celebraron 19 juicios ejemplarizantes, con la asistencia mayoritaria de campesinos y vecinos de comunidades afectadas. Estos actos judiciales buscaron disuadir la comisión de nuevos delitos mediante la demostración pública de las consecuencias legales. Paralelamente, se efectuaron 117 acciones de preparación para magistrados y jueces sobre los procesos asociados a hechos contra el ganado mayor, con el objetivo de uniformar criterios y garantizar el debido proceso.
La interacción con la base productiva fue un pilar fundamental de la ofensiva. La participación de directivos y jueces en 185 asambleas de asociados de la ANAP permitió debatir temas relacionados con el delito de sacrificio de ganado mayor y tráfico de sus carnes, creando un espacio directo para el diálogo y la aclaración legal. Adicionalmente, para un abordaje más localizado, se realizaron 173 intercambios en comunidades más afectadas por estos delitos.
La rendición de cuentas ante las instancias de gobierno también formó parte del plan. Los presidentes de tribunales provinciales y municipales intervinieron en 56 asambleas de los consejos provinciales, asambleas municipales del Poder Popular y consejos de la administración municipal, informando sobre el juzgamiento de estos asuntos y la aplicación de la política penal.
Como parte de la divulgación y para fortalecer la transparencia, se realizaron 614 publicaciones en medios de prensa nacional, territorial y plataformas digitales, que abordaron la respuesta penal a estos hechos, artículos jurídicos y resultados de los encuentros sostenidos. Esta campaña de comunicación buscó informar a la población y reforzar el mensaje de legalidad en torno a la protección del patrimonio pecuario nacional.
