No aceptamos transferencia

“No aceptamos transferencia”, me dice la muchacha tras el mostrador y acto seguido ofrece una excusa poco convincente del tipo “ya llegamos al límite” o “no me están llegando las notificaciones del Transfermóvil”.

Me veo obligado entonces a intentar sacar efectivo en algunas de las sucursales bancarias o cajeros desperdigados por la ciudad, aunque ya conozca de antemano que voy a encontrarme o con una cola descomunal, con un apagón o con una desconexión de los servidores centrales.

Si no logro resolver mi problema, simplemente, regreso al punto de inicio y dejo la compra para otro día, a riesgo de que el ciclo vuelva a repetirse. Al final, uno se queda con esa sensación extraña en el cuerpo: tener dinero, pero no poder usarlo.

Por este engorroso ciclo de prueba y error, pasamos la mayoría de los matanceros cada mes. Una dinámica que a la larga devalúa la moneda virtual respecto al efectivo y limita nuestra capacidad de adquirir bienes y servicios.

Por eso no es de extrañar que cada cierto tiempo, a espaldas de los inspectores, nuestros comerciantes intenten establecer un impuesto, muy personal a las transferencias.

Algunos lo hacen de forma más solapada, en cambio otros exhiben un nuevo listado de precios, y los más perspicaces lo mantienen oculto bajo el mostrador.

Me he encontrado con gravámenes de hasta el 10% si se escoge como medio de pago la moneda virtual, algo ilícito y que si no se frena, como es debido, tendrá consecuencias económicas terribles.

Otra técnica para evitar la transferencia, usada incluso en tiendas y comercios del Estado, es la de raspar el código QR para que el escaneo no funcione o simplemente, alegar un error equis en el que ya están trabajando, pero que impide de momento el pago digital.

También se dan los casos en que ni el efectivo resuelve, porque quienes venden no aceptan billetes de baja denominación, “de 50 para arriba muchacho, aquí no se recogen quilos” me aclararon una tarde mientras sacaba un puñado de billetes de a 10 de mi billetera.

Es cierto que los comerciantes minoristas no son los principales responsables del asunto. El problema es estructural, y sus causas van desde la falta de efectivo, la inexistencia de un sistema cambiario objetivo y la irregularidad de la tasa de cambio informal.

Ello provoca que los “mayoristas” no acepten transferencia porque luego necesitan efectivo para comprar dólares y poder importar. Una cadena que es tan frágil en su conjunto, como cualquiera de sus partes individuales y en la que todo el mundo, al final, hala para lo suyo.

El que paga los platos rotos de toda esta situación es el consumidor, y en peor lugar están los que trabajan para empresas e instituciones del Estado, y, cómo es lógico, los jubilados.

Exigir que se cumpla la ley es tan complejo como la situación en sí. No es saludable para nadie buscar problemas con el proveedor de croquetas más cercano, aunque uno solo esté reclamando su derecho y un trato justo como cliente. Por otra parte, basta con viajar a La Habana para darse cuenta que la dificultad para adquirir efectivo parece más un problema provinciano que nacional.

O nos tomamos en serio, de una vez, el pago digital y respetamos el valor de nuestros salarios, en todas sus vías y formas, o seguiremos preguntando eternamente “acepta transferencia” como quien pide un favor o propone un trato vergonzoso.

(Tomado de Girón)