Decenas de socios comerciales de Estados Unidos, abarcando desde naciones europeas hasta potencias asiáticas como China e India, quedaron sujetos a partir de este viernes a nuevos aranceles que oscilan entre el 10 y el 12.5 por ciento sobre sus productos exportados al mercado estadounidense, según confirmó la oficina del Representante Comercial de esa nación.
La medida, anunciada oficialmente en la víspera, entró en vigor en la mañana de hoy y afecta a aproximadamente 60 países que representan el 99.4 por ciento del total de las importaciones norteamericanas. La implementación de estos gravámenes coincide con la expiración de un arancel general del 10 por ciento impuesto por el presidente Donald Trump a inicios del presente año, el cual fue declarado ilegal por la Corte Suprema de ese país.
Altos funcionarios de la Casa Blanca, en una llamada con periodistas previa a las acciones, defendieron la determinación ejecutiva y advirtieron que el mandatario no permitirá que sus objetivos de política comercial sean obstaculizados por limitaciones judiciales. “El presidente no permitirá que su política comercial y sus objetivos generales se vean socavados simplemente porque una herramienta pueda estar limitada por un tribunal u otra cosa”, señalaron las fuentes oficiales.
La nueva ofensiva arancelaria es resultado de una investigación de varios meses llevada a cabo por el Representante de Comercio de EE.UU., centrada en el supuesto uso de trabajo forzado en la producción de bienes destinados a la nación norteamericana y la presunta inacción de varios países para erradicar esa práctica. Sin embargo, las acusaciones han sido categóricamente rechazadas por las naciones afectadas.
La Unión Europea, mediante su alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, calificó la decisión como una “sorpresa negativa” y desestimó los señalamientos de trabajo forzoso por carecer de fundamento. En similar postura, Suiza manifestó su oposición a las imputaciones, mientras que Noruega adelantó que no prevé adoptar medidas de represalia con aranceles a productos estadounidenses.
Desde América Latina, Brasil rechazó el arancel del 12.5 por ciento impuesto a sus productos y reiteró su llamado a la reciprocidad en las relaciones comerciales. El ministro de Economía de México, en un mensaje difundido en redes sociales, afirmó que no perciben cambios sustanciales en el arancel efectivo que su país paga actualmente. Australia, también sujeta al gravamen del 12.5 por ciento, expresó su firme oposición; su ministro de Comercio, Don Farrell, declaró a la prensa que la medida es “totalmente injustificada” y que Canberra continuará presionando a Washington para la eliminación total de los aranceles a sus productos.
Los nuevos gravámenes se aplican a importaciones de naciones que suministran prácticamente la totalidad de los bienes que Estados Unidos adquiere en el extranjero, aunque se otorgaron exenciones para sectores como el petróleo, el gas y aquellos productos que no pueden ser obtenidos dentro del territorio nacional.
Funcionarios gubernamentales explicaron que el momento escogido para la implementación buscó evitar la complejidad de superponerlos al arancel previo del 10 por ciento, y subrayaron que los líderes empresariales demandaban mayor continuidad y previsibilidad en materia arancelaria.
Ello supone un giro radical respecto al escenario de hace un año, cuando las empresas enfrentaban una política de aranceles cambiantes y desorientadores. “Hemos escuchado alto y claro: la gente quiere saber cuál será la tasa arancelaria que van a pagar”, declaró el funcionario de la administración, quien añadió que “el verdadero mensaje aquí que todos deben entender es que el presidente siempre va a utilizar las herramientas a su disposición para lograr sus objetivos de política comercial”.
Ciertos países lograron calificar para la tasa inferior del 10 por ciento, al adoptar medidas dirigidas a contrarrestar el presunto trabajo forzado, aunque los funcionarios estadounidenses manifestaron escepticismo sobre la erradicación de esta práctica a corto plazo y se mostraron dispuestos a mantener los niveles más altos.
Para la mayoría de los consumidores estadounidenses, es poco probable que este cambio se traduzca de inmediato en un alza de precios, dado que en gran medida conserva los aranceles que los importadores ya venían pagando. No obstante, esta situación podría modificarse en las próximas semanas y meses, a medida que avancen otras investigaciones pendientes basadas en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que también se utiliza para imponer las nuevas tasas.
Dichas investigaciones incluyen acusaciones contra socios clave como China, México y la Unión Europea por su presunta contribución a la capacidad de producción global. Los aranceles de la Sección 301 son considerados por expertos como una opción legalmente más duradera, al haber superado desafíos judiciales previos, a diferencia de la autoridad de emergencia empleada por Trump en su régimen del “Día de la Liberación” de abril pasado. Además, pueden mantenerse vigentes de manera indefinida.
La administración estadounidense explora, asimismo, vías adicionales para incrementar los impuestos fronterizos; esta semana, la Casa Blanca anunció un arancel del 50 por ciento sobre ciertos bienes canadienses, bajo una disposición nunca antes utilizada de la Ley de Comercio Smoot-Hawley, que entrará en vigor el próximo mes.
