Un tribunal federal de apelaciones dictaminó este viernes que la gran mayoría de los aranceles comerciales impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales, en un fallo que desafía el uso de los gravámenes como herramienta central de su política económica internacional y que podría forzar al Tesoro a realizar enormes reembolsos.
La Corte de Apelaciones para el Circuito Federal determinó, en una decisión de siete votos a favor y cuatro en contra, que Trump no estaba legalmente autorizado para declarar emergencias nacionales y aplicar impuestos a las importaciones procedentes de una amplia gama de países, ratificando en gran medida una decisión previa de un tribunal federal de comercio de Nueva York, informaron agencias de prensa.
La resolución judicial representa un significativo revés para la estrategia comercial del mandatario republicano, quien ha utilizado los aranceles como un pilar de su política exterior, empleándolos para presionar a otros países a aceptar acuerdos comerciales y para generar miles de millones en ingresos que ayudaron a financiar recortes fiscales.
“La autoridad significativa para emprender una serie de acciones en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas acciones incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles, derechos o similares, ni la facultad de gravar con impuestos”, escribieron los jueces en su decisión.
No obstante, el tribunal suspendió los efectos de su fallo y permitió que los aranceles permanezcan vigentes hasta el 14 de octubre. Esta ventana da al gobierno federal la oportunidad de presentar un recurso de apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde se espera una batalla legal definitiva.
Trump mantiene su postura
El presidente Trump respondió de inmediato, calificando la sentencia como incorrecta y asegurando que todos los aranceles se mantendrían. “¡Todos los aranceles siguen en vigor! Hoy, un tribunal de apelación altamente partidista ha declarado erróneamente que nuestros aranceles deben eliminarse, pero saben que Estados Unidos ganará al final”, afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, acusó a los jueces de interferir con el papel central del presidente en la política exterior y prometió apelar la decisión. El fallo del tribunal aborda específicamente la legalidad de lo que Trump denominó aranceles “recíprocos”, anunciados como parte de su guerra comercial en abril y puestos en práctica a partir de agosto, así como un conjunto separado de tarifas impuestas en febrero a México, Canadá y China.
Cabe destacar que la decisión no afecta a los aranceles emitidos bajo otras autorizaciones legales, como los históricos gravámenes a las importaciones de acero y aluminio.
El fallo tiene profundas implicaciones financieras. El gobierno ha argumentado que si los aranceles son anulados definitivamente, podría verse obligado a rembolsar una parte sustancial de los impuestos recaudados, lo que supondría un severo golpe para las arcas del Tesoro.
Los ingresos por aranceles totalizaron 159 mil millones de dólares hasta julio, más del doble de lo recaudado en el mismo período del año anterior. De hecho, el Departamento de Justicia advirtió en un documento legal este mes que revocar los aranceles podría significar la “ruina financiera” para Estados Unidos.
La base legal utilizada por Trump fue una declaración de emergencia nacional bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA). Sin embargo, el tribunal consideró que esta ley no concede explícitamente la facultad de imponer aranceles. La Constitución otorga al Congreso el poder de aplicar impuestos, pero durante décadas los legisladores han cedido facultades al presidente, un vacío de poder que Trump aprovechó al máximo.
La apelación a la Corte Suprema marcará el próximo capítulo en este crucial enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y judicial, con millonarias consecuencias para la economía y el comercio internacional de los Estados Unidos.
