La administración del presidente Javier Milei profundizó la crisis del transporte público en Argentina con nuevos y drásticos recortes en el servicio de trenes, afectando directamente a millones de usuarios en el densamente poblado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De acuerdo con TeleSur, esta medida agrava los problemas operativos y tarifarios acumulados desde diciembre pasado.
Aunque el Gobierno fundamenta la decisión en la necesidad de realizar obras “esenciales” en la crítica línea Roca, no existe un cronograma definido ni fecha prevista para la restitución de los servicios eliminados.
Esta falta de claridad sume a los pasajeros en la incertidumbre respecto a la continuidad y calidad del servicio.
El sistema ferroviario, particularmente la línea Roca —una de las más utilizadas del país, conectando el sur del conurbano bonaerense con la capital y transportando más de 600 mil pasajeros diarios—, enfrenta una de sus etapas más críticas en años bajo la gestión actual.
Los recortes operativos, el alarmante deterioro de la infraestructura reportado por fuentes sectoriales y aumentos tarifarios acumulados cercanos al 500% desde diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía, golpean severamente el poder adquisitivo de los usuarios trabajadores sin traducirse en mejoras perceptibles.
La modificación de horarios, oficializada en junio, impacta severamente a ramales clave como Alejandro Korn, Ezeiza, Bosques T y La Plata. Los datos concretos evidencian el recorte: en los ramales eléctricos (los de mayor demanda), la oferta diaria se redujo de 636 a 623 trenes.
La situación es más drástica en los ramales diésel, que pasaron de 158 a 131 servicios diarios. Los fines de semana las reducciones son aún más pronunciadas. Ejemplos específicos incluyen el ramal La Plata (de 81 a 75 servicios diarios) y el Alejandro Korn (de 181 a 173). El ramal Bosques vía Temperley perdió un servicio nocturno, bajando de 136 a 135.
Fuentes del sector ferroviario denuncian que aproximadamente el 60% de los coches en circulación superan los 40 años de uso y que se ha aplicado un fuerte ajuste en los puestos de mantenimiento, lo que incrementa los riesgos para la seguridad de los usuarios.
Paralelamente al deterioro del servicio, el Gobierno mantiene su agenda de privatización. La Secretaría de Transporte había anunciado planes para licitar el servicio de pasajeros en el primer semestre de 2025, pero hasta la fecha no se observan avances ni resultados concretos en este proceso, dejando en el aire el futuro modelo de gestión del sistema.
