De rato en rato, el reporte de las empresas con pérdidas revuelve la alarma mediática en Cuba. Ocurrió hace cosa de un mes. Al informe gubernamental le siguió una ola de comentarios en la prensa y debates más o menos encendidos en las redes sociales. Luego, el asunto se hundió en la penumbra. Queda confiar en que apenas ha quedado medio escondido, cocinándose entre los telones de un escenario económico dominado por inflaciones y otras urgencias.
Cuando el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, reveló hace varias semanas que 457 empresas habían cerrado las cuentas de enero con pérdidas, prometió que cada caso sería analizado en profundidad. La cifra no es alta, si se coteja con el total de empresas en Cuba hoy. Representa menos del 5 por ciento del universo empresarial cubano -más de 10 mil entidades al sumar empresas estatales, sociedades mercantiles, cooperativas y ahora las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Pero el bombillo rojo se enciende, si el foco se orienta exclusivamente hacia las estatales. De las irrentables en enero, 446 eran del Estado, la cuarta parte de las empresas estatales del país -1867 en diciembre de 2021, según el registro de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).
¿Es razonable la alarma? Por supuesto. No son pocas las organizaciones productivas o comerciales que, en vez de autofinanciarse y aportar riqueza a la sociedad, sobreviven a cuenta del Presupuesto del Estado. Aunque los datos evidencian una reducción en comparación con el promedio mensual del año pasado, superior a 500, exceden por amplio margen los planes del gobierno, que se propuso no pasar de 87 en el 2022.
El problema indica varias cosas. La primera, y más evidente, es que la crisis económica que acompaña a la pandemia y a los desastres geopolíticos todavía tiene atenazados a no pocas producciones y mercados, incluido el turismo, sostén vital para Cuba. Cuando en 2020 apareció el Sars-Cov-2 en escena, el gasto fiscal destinado a cubrir pérdidas en empresas fue la partida que más creció -se duplicó- dentro del paquete de transferencias al sector no presupuestado.
Cuando murió el CUC
A la par de la tormenta, en el Presupuesto asoma también uno de los primeros beneficios del ordenamiento monetario. Los montos que el Estado orienta al socorro de empresas con balances financieros negativos han disminuido relativamente desde que el peso cubano convertible (CUC) dejó de hacerle competencia al peso cubano (CUP).
Por más que la coyuntura inflacionaria actual haga indigerible cualquier estimación monetaria, lo cierto es que el Presupuesto del Estado ha planificado este año 39.666 millones de pesos en transferencias a empresas, lo que equivale al 12 por ciento de los gastos totales del fisco. Antes del ordenamiento monetario, estas inyecciones habían escalado a un 30 por ciento de los gastos presupuestados.
Hasta el 1ro de enero de 2021, numerosas empresas acudían al Presupuesto para corregir mermas en su comercio, que se debían a distorsiones estructurales causadas por la dualidad de monedas y de tasas de cambio. Los costos de producción se les disparaban y las posibles ganancias se les esfumaban cuando un dólar de ingreso por exportaciones se les transformaba en un humilde peso, mientras las importaciones se abarataban artificialmente.
Más de la mitad de las transferencias del Presupuesto del Estado en auxilio de empresas era para financiar la exportación y apoyar la sustitución de importaciones.
Los remiendos que había adoptado el país -tasas de cambio diferentes para algunos sectores o actividades- enredaban más el desorden monetario y la falta de transparencia. Detrás del esguince real del sistema se escondían ineficiencias e incapacidades empresariales igual de reales, pero las mediciones y evaluaciones económicas eran dudosas, si no imposibles, en ese entorno contable y financiero.
Quiebra inconfesa
La persistencia de empresas aferradas este año al socorro del Presupuesto confirma también un viejo conflicto del modelo de economía socialista cubana. Las empresas con pérdidas salen ahora al escenario a enseñar sus cuentas, sin la máscara de la dualidad monetaria y cambiaria. Resultan más perceptibles sus fallos internos y un rollo del sistema económico, cuya expresión más preocupante quizás no sea, a secas, las pérdidas de las empresas.
Si a este dato le sumamos la novedad de las micro, pequeñas y medianas empresas, estamos asistiendo en Cuba a una tendencia bastante común en el mundo, como advierten Juan Triana Cordoví y otros economistas: empresas que nacen y empresas que muere constantemente o que se ven forzadas a transformarse por cambios en las tecnologías y los mercados o incapacidad para amasar beneficios y afrontar obligaciones financieras con sus propios activos y estructuras. La diferencia en Cuba -y el problema- radica en el tratamiento que se les ha dado a las bancarrotas empresariales.
En contraste con la práctica del capitalismo, el socialismo cubano ha evitado, a toda costa, las quiebras de empresas o se ha resistido a admitirlas, para no abandonar a su suerte a esos trabajadores. Los bajos niveles de desempleo en Cuba contrastan con los ejércitos de desocupados de las economías capitalistas, cuyas empresas, en cambio, suelen alcanzar mejores niveles de competitividad cuando sobreviven en un mercado de fieras. ¿Cómo encontrar un punto de equilibrio entre ambos extremos? ¿Y es que acaso existe ese equilibrio ideal que cautivó temprano a los filósofos y por el que perdió la cabeza algún innovador del socialismo soviético?
El gobierno ha recurrido tradicionalmente a los fondos del Presupuesto del Estado para sacar de la bancarrota a las empresas con pérdidas o posponerla al menos, mientras sueña con una reacción empresarial que proteja, a la postre, los puestos laborales de quién sabe cuántos miles de trabajadores, quién sabe hasta cuándo. La justicia social se aleja en un ámbito donde las empresas de insolvencia crónica viven a cuenta de las empresas de mayor productividad y rentabilidad. ¿Quién quedó abandonado a su suerte?
Restricción presupuestaria blanda
Parte de las ayudas financieras del Estado, sin embargo, resulta imprescindible para subsidiar empresas que venden a la población a precios menores a los costos reales: alimentos de la canasta básica, medicamentos, electricidad y algún otro. Las subvenciones del Estado son un recurso común en el mundo para proteger producciones y mercados nacionales. Bien lo saben la agricultura europea y las grandes aerolíneas.
Pero, ¿cuántos serán los millones de pesos que tapan, en realidad, las ineficiencias empresariales? Un misterio, oculto dentro del sistema de subvenciones con que el Estado cubano ha corregido distorsiones de las relaciones monetarias y financieras y que le han servido para proteger parte del consumo.
Una consecuencia, como indican investigaciones de Ricardo González Águila, del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), es que los empresarios cubanos se han habituado a un modelo de “restricción presupuestaria blanda”. Se sienten poco presionados para buscar eficiencia y competitividad, si saben que pueden contar siempre con el refinanciamiento de un Estado caritativo como pocos. Los costos -y, por tanto, los precios- tienden a subir con más facilidad que a bajar, si los empresarios, además, se mueven en un mercado relativamente cómodo a pesar de las carencias. Es el calvario del consumidor.
El modelo económico cubano dará un giro real cuando deje de proteger sin distinción a las empresas eficientes o necesarias y a las ineficientes, a los trabajadores capaces y a los incapaces. Pero tendrá que dar pasos realmente innovadores con la legislación y la mentalidad.
Puerta legal a la competitividad
Desde hace más de diez años, las autoridades cubanas prevén la creación de un mecanismo de liquidación de las empresas y cooperativas con pérdidas sostenidas en sus balances financieros (Lineamientos de la política económica y social). Pero no existe todavía una ley de quiebra ni un sistema estable con ese norte. A esa fórmula se recurre centralmente muy de vez en cuando, sin mucho ruido.
Más que una mera declaración de fracaso empresarial, la quiebra habrá que entenderla y aplicarla como en otros países: puerta legal para reubicar los activos de una empresa, fusionarla o fragmentarla incluso, cuando con su dimensión y estructura actuales sea incapaz de dar beneficio a la sociedad. Con estructuras productivas y administrativas menores, grandes empresas estatales podrían ser más competitivas, opina otro experto, Oscar Fernández Estrada.
La reorganización de una empresa mediante fusiones o la venta de sus activos a otras entidades más eficientes sería, además, la oportunidad de aprovechar con real eficacia las capacidades de sus trabajadores, sin que se mantengan abandonados a su suerte en una empresa más que improductiva, inservible. La comunicación del paso a la sociedad, los dueños, sería obligada en cada caso.
La necesidad de implementar un mecanismo estable de quiebras se acentúa ahora ante la diversificación de los actores de la economía y la entrada en acción de las mipymes privadas y nuevas cooperativas, en alianza con las formas estatales. ¿El Presupuesto del Estado ofrecerá igual protección financiera a las pérdidas y quiebras de todas esas empresas? ¿Les dará igual tratamiento a todas, sin ventajas para las ineficientes solo si son estatales? La bolsa del Estado dista de ser milagrosa. Lo confirma el colosal déficit fiscal acumulado en estos años de Covid-19. ¿Entonces?
Las preguntas se multiplican con las transformaciones del modelo económico, que tienden a acelerarse. Dudo que todas las respuestas estén en los documentos programáticos de la reforma cubana o la tengan los líderes políticos. La participación de las propias empresas y de sus trabajadores será clave, si de verdad estamos asistiendo a un desarrollo innovador en el sistema empresarial, en el modelo económico y en el socialismo a la cubana.
