Cuba enfrenta problemáticas en el suministro de agua potable debido a la convergencia de tres factores críticos: escasez de combustible, apagones generalizados y una sequía intensa, según alertó este martes Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).
Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Construcciones y Energía de la Asamblea Nacional, Rodríguez detalló que la situación podría agravarse en los próximos meses ante pronósticos de precipitaciones “por debajo del promedio histórico” para el resto de julio.
El directivo expuso la vulnerabilidad del sistema hídrico nacional, revelando que solo el 38% de las 486 estaciones de bombeo principales cuenta con protección ante fallos energéticos. Esta fragilidad se atribuye a la dispersión geográfica de las más de 3 000 instalaciones del país.
Unos 300 000 cubanos sufren interrupciones del servicio por la inoperatividad de equipos, con la provincia de Santiago de Cuba como la más afectada. “La situación es compleja. Avanzamos en obras, pero con limitaciones”, admitió Rodríguez.
La operatividad del INRH se ve severamente comprometida al recibir únicamente el 37% del combustible requerido —frente al 47% de 2024—, recurso vital para trasladar químicos potabilizadores, ejecutar reparaciones urgentes y operar pipas de distribución.
Los cortes eléctricos, añadió, han acelerado el deterioro de los sistemas de bombeo. Pese al colapso, Rodríguez descartó incrementos tarifarios, reconociendo que el servicio “está en peores condiciones que en 2024”.
En el contexto del Quinto Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura, se informó sobre la ejecución del Programa Integral de Desarrollo Hidráulico, alineado con el Grupo Temporal de Trabajo (GTT-OP.194-2025).
Como parte de la transición energética, 19 empresas de acueducto instalan sistemas solares: 766 ya implementados (697 operativos), beneficiando a 445 201 habitantes. También avanza una colaboración con la Unión de Industrias Militares para reparar un centenar de motores.
Paralelamente, se implementa el Acuerdo 10092/25 del Consejo de Ministros para optimizar alianzas estratégicas y servicios de pipas.
El INRH reporta un cumplimiento del 56% de sus metas económicas anuales, con avances superiores al 60% en 937 planteamientos pendientes.
No obstante, Rodríguez advirtió que si la baja pluviosidad persiste hasta octubre, el escenario empeoraría pese a la infraestructura heredada de la “política de voluntad hidráulica”.
En la misma comisión, Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra, exigió reforzar estrategias integrales contra ilegalidades urbanas tras analizarse un informe del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU).
Chapman enfatizó que los funcionarios deben “orientar y planificar eficientemente”, no solo frenar proyectos, e involucrar a comunidades donde el desconocimiento normativo causa violaciones.
El General de División Raúl Acosta Gregorich, presidente del INOTU, atribuyó las ilegalidades a fallos de vigilancia territorial.
Su vicepresidenta, Yordanka Vázquez Cuñat, reveló que en 2025 se identificaron 29 000 violaciones: 92% cometidas por personas naturales.
Entre las más recurrentes destacan ocupación ilegal de terrenos (93%) y uso indebido de áreas comunes (4%). Se impusieron 11 000 multas, incluyendo 105 a entidades jurídicas, principalmente del sector agrícola por mal manejo de tierras.
En controles a 13 000 quioscos, se detectaron 10 000 irregularidades, como carencia de documentos o conexiones ilegales a servicios.
Sobre los 961 barrios precarios registrados (513 informales), se propone reubicar al 40% de sus habitantes. Datos preocupantes indican que en viviendas ilegales, más del 50% tiene electricidad y el 60% posee libreta de abastecimiento, evidenciando fracturas sistémicas.
