Por: Diego Herranz
El itinerario marcado por Naciones Unidas y suscrito en los Acuerdos del Clima de París en 2015 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que responden a los 17 criterios verdes, íntimamente interconectados entre sí en la conocida como Agenda 2030, atraviesa un elevado riesgo geopolítico.
Porque, si se atienden escrupulosamente a los estudios y recomendaciones de la comunidad científica internacional, el combate contra la catástrofe climática es la principal de las amenazas globales que asolan a la humanidad en su conjunto. Ningún otro peligro debería tener tanta trascendencia como el calentamiento del planeta, que conduciría inexorablemente a la extinción de gran parte de las especies; también de la humana.
De hecho, las hojas de ruta revelan que la indecisión de los gobiernos y de las empresas —aunque también una cierta desidia social— no transitan ni a la velocidad ni en la dirección adecuadas.
Así lo constata Victoria Barron, jefa de la oficina de Sostenibilidad (CSO) del brazo inversor del banco británico Gulf International Bank (GIB) y copresidenta de Ascor, firma de inversión y de gestión de datos que dice buscar la alineación entre las acciones climáticas y los bonos soberanos para conciliar los intereses y los instrumentos para alcanzar las emisiones netas cero de CO2 en todo el planeta en el ecuador del siglo.
Barron y su equipo de Ascor delatan los escasos avances en el combate contra el clima. Y lo hace señalando especialmente con el dedo a las potencias industrializadas.
Ninguna de las 70 con la consideración de rentas medias-altas han encarrilado sus economías —y, por tanto, sus sistemas productivos— a los requerimientos a los que les obliga sus compromisos internacionales para que se cumplan sus aportaciones a la reducción del calentamiento global a 1.5 grados centígrados.
Y más del 80% de ellos, además, no han contribuido tampoco a su parte proporcional de 100 000 millones de dólares anuales del Fondo Internacional del Clima para financiar la lucha contra las inclemencias meteorológicas, recursos enfocados a sufragar la inmensa factura que el clima va a pasar a las naciones en vías de desarrollo; de largo, las más afectadas por la inmensa variedad de catástrofes climáticas.
Por si fuera poco, las conclusiones de sus instrumentales predictivos de datos, plasmados en un estudio denominado Assesing Sovereign Climate related Opportunities and Risks Project, revelan que menos del 20% de los países se han comprometido a parar la extracción de combustibles de origen fósil —carbón, petróleo y gas— y que más del 80% carecen de protocolos “transparentes y fiables” de sus iniciativas de transición energéticas; es decir, de informes que regulen y auditen su paulatino abandono de los subsidios fósiles.
La financiación de la lucha contra la crisis climática también soporta un largo y tortuoso retraso. El estudio hace hincapié en su pesimismo de que, al finalizar el primer lustro de una década trascendental como esta en el combate contra el calentamiento global, los países vayan a asumir una factura que en la reciente cumbre de Bakú, la COP29, ha triplicado, hasta alcanzar 300 000 millones de dólares, las aportaciones totales para cubrir el coste de proclamar la neutralidad energética. No solo por la dejadez de las naciones ricas en desembolsar sus recursos, sino por el inminente desembarco en la Casa Blanca de otra Administración Trump.
El retraso gubernamental del reloj climático
“La abrumadora tendencia mundial” es que los países de rentas altas “podrían hacer mucho mejor sus trabajos” para combatir la crisis climática y que los inversores en carteras verdes y bonos soberanos, que juegan un papel esencial en la dirección que tomen los capitales internacionales, “necesitan conocer la robustez de las acciones nacionales en favor de la sostenibilidad y la hoja de ruta de sus políticas energéticas” para tomar sus decisiones, explica Barron.
A su juicio, “existe un consenso” dentro de la atmósfera inversora, de que los riesgos climáticos “no están completamente compulsados en la cotización de los activos”, por lo que los analistas se han enfrascado en una carrera para evaluar lo que denominan el círculo vicioso de la deuda climática soberana, que les debe conducir a establecer los costes potenciales de cada nación por las amenazas meteorológicas que penden sobre ellas.
Las 70 naciones ricas están inmersas en estas revisiones en los índices de los tres indicadores preferenciales de emisiones de bonos.
La advertencia de Ascor se produce en un momento en el que los países han visto incrementar el número de denuncias legales por falta de protección a sus ciudadanos en tribunales como la Corte Internacional de Justicia que tiene convocadas varias audiencias para decidir su emprende acciones contra alguno de ellos este mes de diciembre. Y cuando el líder republicano de EE.UU. se prepara para recoger las llaves del Despacho Oval de manos de Joe Biden.
Trump se declara un confeso negacionista climático y amenaza con volver a sacar a Washington de cualquier acuerdo internacional sobre sostenibilidad que se precie. Incluida, otra vez, la salida de los Acuerdos de París. El informe recuerda, además, su promesa electoral de potenciar los carburantes fósiles y que ha puesto al frente del Departamento de Energía a Chris Wright, un ejecutivo de una petrolera de Colorado que practica el fracking que niega que “el planeta se enfrente a una crisis climática”.
Mientras, en Europa amplios sectores empresariales empiezan a cuestionar los excesivos costes administrativos de la ambiciosa Fit 55, la agenda de sostenibilidad de la Unión, que adelanta los cumplimientos intermedios y finales hasta alcanzar la neutralidad energética varios años.
Desde 2025, con el cambio de gobierno en EE.UU., las discrepancias geopolíticas y brechas regulatorias transatlánticas se agudizarán y se pondrá en tela de juicio las inversiones ESG que tendrán en el mercado interior exigencias normativas y controles de auditoría mucho más exhaustivas. En una etapa crucial de su desarrollo, después de un trienio (2022-24) en el que se han paralizado casi súbitamente, en torno a los 30 billones de dólares en todo el mundo, lo que hace imposible que se alcance los 50 billones en 2030, año clave como meta volante trascendental en el combate contra la crisis climática y en la trayectoria de estos capitales medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo.
Bloomberg Intelligence (BI) augura —sin embargo a la UE con sus reglas de juego e informes de auditoría más rigurosos con la fiabilidad de los proyectos sostenibles que los requeridos por el resto de las potencias industrializadas— un mayor atractivo inversor para este ejercicio. A pesar de este viraje legislativo, tildado por la doctrina neoliberal de exceso burocrático y regulatorio.
Según sus expertos la credibilidad que empezaba a inculcar a los mercados las leyes europeas se encaminaba a acaparar “más del 25% de los portfolios” con valores ESG hasta absorber, ya en 2030, más de 18 billones de dólares en carteras con sello sostenible.
Ascor fue creada hace tres años para ayudar a los inversores a monitorizar y comparar distintas respuestas oficiales y corporativas a la emergencia climática y sus expertos solo sitúan a Costa Rica y Angola como naciones próximas al cumplimiento del incremento de temperatura de 1.5 grados que establecen los Acuerdos de París para 2050. Y su socio académico en este estudio, el Transition Pathway Initiative Centre, ha examinado los itinerarios de países que emiten más del 85% de los gases de efecto invernadero y que acaparan el 90% del PIB global.
Criterios ESG y tecnología verde: el binomio amenazado
Adeline Diab, directora de Investigación Global de BI, lo refleja de forma elocuente: “Los criterios ESG han resistido a todo tipo de inclemencias estos años, pero aun así han entrado en una fase de consolidación en los mercados, han ganado en madurez y se aprestan a tomar posiciones de privilegio para aprovechar las oportunidades que, a buen seguro, revelarán los mercados”.
Diab admite que las predicciones de su BI ESG Market Navigator se han reducido del 70% de finales del decenio pasado al 3.5% el potencial dinámico de sus capitales hasta 2030, pero “su atractivo está casi inmaculado, con el 85% de los gestores planificando carteras con más criterios ESG”, perspectivas que achaca a la armonización regulatoria en casi todas las latitudes del planeta.
Entretanto, la COP29 dejó, en el tiempo de descuento, un acuerdo de mínimos para continuar con la hoja de ruta verde en los próximos doce meses. Sin que, por otro lado, cumpliese los retos incluidos en su agenda oficial. Aun así, el comunicado surgido de la capital azerbaiyana constató los “enormes esfuerzos diplomáticos” dentro de un “panorama geopolítico incierto y dividido”.
Algo que para las organizaciones ecologistas no impidió que la cumbre fuera un fracaso, en uno de los petro Estados más dinámicos del mundo y bajo la presencia de más de 1 700 lobbies de la industria fósil, pero que el secretario general de la ONU, António Gutérres, prefirió interpretar como la botella medio llena. Casi únicamente porque la entente financiera permite dar impulso al Objetivo Financiero de Bakú de fijar en 1.3 billones de dólares el cheque que debe movilizarse hasta 2035.
Aunque para el Sur Global la cita de Bakú “demostrase que el primer mundo quiere eludir sus responsabilidades en materia de financiación climática hacia los países vulnerables”, tal y como afirmó Rohey John-Manjang, titular de Medio Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales de Gambia, al Global Strategic Communications Council (GSCC).
Y para The Economist este revés llegue en un momento en el que la transición energética, paradójicamente, empezaba a mostrar signos de un sustancial abaratamiento de su reconversión hacia las fuentes limpias, debido a la “sobreestimada demanda energética” global y a la “infravalorados avances tecnológicos” que están acercando a marchas forzadas un final factible para las emisiones contaminantes y “están en disposición”.
Incluso con las herramientas de innovación técnica y digital ya en uso —o disponibles para ello— que podrían poner en liza industrias, segmentos productivos y empresas y con las que reducirían de una manera “más que substancial” los entre tres y 12 billones de dólares anuales en los que está cifrado el cheque anual de combatir con efectividad la crisis climática hasta dejar en 1.5 grados el calentamiento global en 2050.
(Tomado de Público)
