El Ministerio de la Construcción (MICONS) informó desde su perfil en Facebook que durante la consulta del Anteproyecto de Ley de la Vivienda se recibieron numerosas preguntas, cuyas respuestas fueron compartidas por la Dirección de Asuntos Legales de la Vivienda.
El proceso de consulta popular, que lo antecedió a la elaboración del texto legal, permitió recoger inquietudes de la población sobre diversos aspectos relacionados con la propiedad, herencias, usufructo y regulaciones urbanas, las cuales han sido sistematizadas y respondidas por los especialistas del organismo.
Entre los planteamientos figuró la situación de las Zonas de Alta Significación para el Turismo, como Guanabo, donde se aclaró que el Anteproyecto mantiene un capítulo específico con facilidades en trámites de permutas, donaciones y herencias, además de flexibilizar procedimientos en el Reglamento.
Esta disposición resulta de particular interés para los residentes en polos turísticos, donde históricamente las regulaciones urbanísticas han sido más restrictivas debido al valor de esas locaciones para el desarrollo económico del país.
Régimen de propiedad y herencias
Uno de los aspectos que generó mayor curiosidad entre los participantes en la consulta fue el relacionado con la adjudicación testamentaria de inmuebles. Sobre la adjudicación testamentaria de viviendas, se precisó que constituye un trámite ante notario y puede requerir la actualización del título en la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano, sin participación de las Direcciones de Vivienda Municipales.
De esta forma, se simplifica el proceso sucesorio al eliminar la intervención de las instancias de vivienda, agilizando la transferencia patrimonial entre generaciones.
En relación con la propiedad, se explicó que la norma permitirá hasta dos viviendas en propiedad personal y, en caso de contar con una de veraneo, hasta tres a partir de la promulgación de la Ley.
Esta flexibilización del límite de propiedades responde a las características del parque habitacional cubano, donde muchas familias poseen, además de su residencia principal, un inmueble destinado al descanso vacacional.
Usufructo y legalización
El anteproyecto también aborda la situación de quienes actualmente ocupan viviendas en calidad de usufructuarios. Respecto a los usufructuarios, se indicó que podrán convertirse en propietarios si demuestran capacidad de pago, mientras que en el caso de cuartos se prevén propuestas de legalización en el Reglamento.
Esta medida abre una vía para que numerosas familias que durante años han habitado inmuebles sin título de propiedad puedan regularizar su situación jurídica, siempre que acrediten solvencia económica para adquirirlos.
Comunidades de tránsito
Otro de los temas sensibles abordados durante el proceso de consulta fue el de las llamadas comunidades de tránsito, una solución habitacional temporal que el Estado ha empleado en décadas anteriores. Sobre las comunidades de tránsito, se señaló que el Estado trabaja en su transformación o erradicación mediante la entrega de viviendas a los núcleos residentes, en dependencia de los recursos disponibles.
La voluntad gubernamental es avanzar progresivamente hacia la eliminación de esta figura, a medida que se disponga de fondos y soluciones constructivas para reubicar a las familias que aún residen en esos asentamientos.
Rehabilitación de inmuebles y subsidios
El mal estado técnico de gran parte del fondo habitacional cubano fue otra de las preocupaciones expresadas por la población durante la consulta. En cuanto al estado crítico de inmuebles, se informó que la Ley brindará beneficios para reparar y rehabilitar viviendas, permitirá el subarrendamiento y otorgará subsidios a jóvenes y personas vulnerables.
De esta manera, el texto legal no solo regula la propiedad, sino que establece mecanismos de fomento para la conservación y mejora del patrimonio construido, con especial atención a sectores poblacionales que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda digna.
Residentes en el exterior
Un aspecto que ha concitado atención en los últimos años es la situación de los cubanos que emigran y el destino de sus propiedades en la Isla. El Anteproyecto también aclara que no prevé confiscaciones a quienes abandonen el país ni expropiaciones a residentes en el exterior, aspectos que se detallarán en el Reglamento.
Esta precisión busca disipar temores infundados y garantizar seguridad jurídica a los nacionales que, por diversas razones, establecen su residencia allende las fronteras pero mantienen vínculos patrimoniales con el territorio cubano.
Zonas restringidas
El caso del Malecón habanero y otras áreas de valor patrimonial o paisajístico también fue objeto de consulta. Sobre zonas restringidas como el Malecón, se explicó que los ocupantes mantienen la condición de arrendatarios mientras dure la declaración de zona especial, sin posibilidad de adquirir propiedad.
Esta condición responde a la necesidad de preservar el perfil urbanístico y el valor arquitectónico de esos entornos, considerados parte del patrimonio de la nación, lo que impide la privatización de los inmuebles enclavados en ellos.
Límites a la propiedad
La norma también establece techos a la concentración de la propiedad inmobiliaria en manos de una misma persona natural. Se reiteró que la Ley reconoce propiedad sobre dos viviendas, por lo que no es posible tener dominio sobre edificios completos, y que el proceso constructivo se regula para potenciar nuevas obras y el mantenimiento de las existentes.
De esta forma, se evita la formación de latifundios urbanos y se garantiza un acceso más equitativo al recurso habitacional, en correspondencia con los principios de justicia social que inspiran la legislación cubana.
Compraventa entre personas
Finalmente, se aclaró que el Estado no fija precios en las compraventas entre personas naturales, pues estos se determinan por acuerdo de las partes.
Esta disposición ratifica la autonomía de la voluntad de los contratantes en las transacciones inmobiliarias particulares, donde el mercado y las condiciones específicas de cada operación definen el valor final del inmueble.
Con estas precisiones, el MICONS busca transparentar el contenido del Anteproyecto de Ley de la Vivienda y ofrecer garantías a la población sobre el alcance de las nuevas disposiciones, que una vez aprobadas por el Parlamento cubano regirán las relaciones jurídicas vinculadas al fondo habitacional del país.
