Una amplia operación de control gubernamental en la provincia de Matanzas, dirigida a negocios estatales y privados, resultó en cientos de multas, ventas forzosas y cierres de establecimientos por violaciones a normativas de precios y comercialización.
Noel Sánchez Roque, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular, informó que 432 inspectores de organismos provinciales y municipales de la Inspección Integral, apoyados por representantes de Finanzas y Precios, Agricultura, Comercio, Transporte, Salud, Trabajo y la Policía Nacional Revolucionaria, realizaron un total de 1.108 acciones de supervisión.
Durante el operativo se detectaron 562 violaciones y se aplicaron 523 multas. La principal causa de sanción fue el incumplimiento del Decreto Ley 30 sobre la formación de precios, que generó 218 multas, representando el 40.4% del total, informó el periódico Girón.
También se aplicaron 33 multas bajo el Decreto 91 por violaciones de normas y otras ilegales. Las autoridades ejecutaron 42 ventas forzosas y ordenaron el cierre de 6 establecimientos por negarse a operar mediante los canales electrónicos de pago, una práctica que afirmaron no tolerarán.
Adicionalmente, se enfrentaron 67 casos de comercialización ilegal de productos, todos sancionados con multas y otras medidas, incluyendo decomisos. Las violaciones a la Resolución 225 del Ministerio de Finanzas y Precios, que fija precios máximos para productos básicos como pollo (hasta 310 pesos la libra), aceite (hasta 990 pesos), leche en polvo, detergente, salchicha y pastas alimenticias, resultaron en 56 multas, siendo especialmente frecuentes en pollo y aceite.
Se impusieron 73 multas por sobrepasar los precios establecidos por los Consejos de la Administración Municipales en productos agropecuarios, y 47 decretos (multas) por incumplimientos en el sector del transporte.
La inspección abarcó todos los Consejos Populares de la cabecera municipal excepto Guanábana, con énfasis en áreas cercanas al Hospital Materno, el Pediátrico y el Faustino Pérez, conocidas por incidentes previos.
Se registraron tres denuncias por desacato a inspectores, sujetas al proceso reglamentario para aplicar sanciones.
Sánchez Roque reafirmó la continuidad de estas acciones: “En el territorio continuarán las acciones de este tipo, pues nadie tiene derecho alguno de violar lo establecido y lucrar con el pueblo, no estamos exigiendo nada que no esté en la ley y los propietarios de negocios y empresas que cumplan, produzcan y generen servicios, acorde a las normas, pueden dormir tranquilos”.
