El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump llevó la disputa legal sobre sus polémicos aranceles comerciales a la Corte Suprema este miércoles, solicitando formalmente a los magistrados que evalúen de manera expedita si el presidente posee las facultades legales para imponer amplias sanciones comerciales bajo la ley federal.
En una moción presentada la noche del miércoles y proporcionada a The Associated Press, la administración instó a la máxima corte a revertir un fallo de la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal que, la semana pasada, determinó que la mayoría de los aranceles impuestos por Trump bajo una ley de poderes de emergencia son ilegales. Se prevé que la petición sea protocolizada formalmente este jueves.
El fallo apelativo, emitido por 7 votos a favor y 4 en contra, se produjo luego de que varios estados y pequeñas empresas interpusieran demandas argumentando que los gravámenes estaban causando serias dificultades económicas.
El tribunal mantuvo los aranceles en vigor por ahora, pero en gran medida confirmó una decisión previa de un tribunal inferior que los anulaba.
“Esa decisión arroja una sombra de incertidumbre sobre las negociaciones extranjeras en curso que el presidente ha estado llevando a cabo a través de aranceles durante los últimos cinco meses, poniendo en riesgo los acuerdos marco ya negociados y las negociaciones en curso”, argumentó el gobierno de Trump en su apelación. “Lo que está en juego en este caso no podría ser mayor”.
Por su parte, los demandantes enfatizaron el impacto devastador sobre el sector empresarial. Jeffrey Schwab del Liberty Justice Center, abogado representante de las pequeñas empresas afectadas, indicó: “Estos aranceles ilegales están infligiendo un daño serio a las pequeñas empresas y poniendo en peligro su supervivencia. Esperamos una pronta resolución de este caso para nuestros clientes”.
La implementación errática de estos aranceles ha generado una amplia onda de incertidumbre, sacudiendo los mercados globales, distanciando a socios comerciales y aliados tradicionales de Estados Unidos, e incrementando los temores de un escenario de precios más altos y un crecimiento económico más lento.
En el ámbito financiero, los ingresos por aranceles totalizaron 159 mil millones de dólares a finales de agosto, más del doble de lo recaudado en el mismo período del año anterior. Trump también ha utilizado estratégicamente estos gravámenes como herramienta de presión en negociaciones con la Unión Europea, Japón y otros países para forzar la aceptación de nuevos acuerdos comerciales.
El núcleo del debate legal se centra en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA).
La mayoría de los jueces de la Corte de Apelaciones consideraron que esta ley no autoriza al presidente a usurpar el poder del Congreso para establecer aranceles, mientras que los magistrados disidentes opinaron que sí le permite regular importaciones sin limitaciones explícitas durante emergencias.
El fallo involucra dos conjuntos específicos de impuestos a la importación justificados bajo declaratorias de emergencia nacional: los denominados aranceles “recíprocos” anunciados en abril contra la mayoría de los países que exportan hacia Estados Unidos, y los anunciados en febrero sobre importaciones provenientes de México, Canadá y China.
Cabe destacar que algunos aranceles de Trump, incluidos los gravámenes al acero, aluminio y automóviles extranjeros, no estaban cubiertos por este fallo, tampoco los impuestos específicos a China mantenidos por el entonces presidente Joe Biden.
El gobierno ha advertido que, de ser anulados los aranceles, podría verse obligado a reembolsar miles de millones de dólares en impuestos de importación ya recaudados, lo que representaría un significativo golpe financiero para el Tesoro federal.
