El gobierno de Javier Milei anunció la implementación de un nuevo sistema de subsidios para las tarifas de electricidad y gas natural, en línea con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), reportaron medios de ese país.
La medida busca acelerar la reducción del gasto público y profundizar la desregulación del sector energético, que ya registró recortes significativos en los últimos nueve meses.
Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet, más de 2.1 millones de hogares perdieron su condición de bajos ingresos entre julio de 2024 y abril de 2025, tras la actualización del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
El 38% de estos usuarios pasaron directamente al nivel de ingresos más altos (N1), lo que impactó en el gasto público, ya que dos tercios de los subsidios nacionales se destinan a la energía eléctrica.
El economista Julián Rojo explicó que esta modificación redujo “significativamente el gasto en subsidios y afectó a los hogares que perdieron el 70% de ayuda en sus facturas”.
Además, señaló que el gobierno planea “eliminar el actual sistema de tres niveles y reemplazarlo por asistencia directa solo para sectores vulnerables”, una medida que podría excluir a más de 3,2 millones de hogares de clase media que actualmente reciben subsidios parciales.
El acuerdo con el FMI exige profundizar los recortes en el sector energético, lo que llevaría a reclasificar a los usuarios de ingresos medios (N3) y ubicarlos en la categoría de altos ingresos (N1). “Según recomienda el FMI, el siguiente paso podría ser la reasignación de los hogares N3-Ingresos medios en favor de un esquema más simple. ¿Dónde irían? Todo indica que a ser usuarios N1-Ingreso altos”, expresó Rojo.
Sin embargo, especialistas advierten sobre las dificultades de implementar una segmentación efectiva, especialmente en barrios vulnerables donde la infraestructura eléctrica es precaria y no existen medidores individuales.
La falta de precisión en la medición del consumo y las limitaciones técnicas en estas zonas podrían complicar la transición hacia el nuevo modelo de subsidios.