El primer ministro Manuel Marrero Cruz instó a los gobernadores y al intendente de Isla de la Juventud a “tener bien clara la integralidad del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, durante la reunión de abril, realizada por videoconferencia desde el Palacio de la Revolución, informó Granma.
El encuentro contó con la participación de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y otros altos funcionarios, quienes enfatizaron en la necesidad de incrementar la producción nacional de alimentos y garantizar programas sociales como la vivienda, pese a las limitaciones impuestas por el “recrudecido bloqueo estadounidense”.
“Urge aprovechar las capacidades endógenas y fortalecer los sistemas de trabajo para dar respuestas a las dificultades más acuciantes del pueblo”, coincidieron los participantes.
Mildrey Granadillo de la Torre, viceministra primera de Economía y Planificación, presentó un balance sobre la implementación del Programa de Gobierno, destacando avances en la contratación con formas productivas, aunque advirtió que “requiere una evaluación exhaustiva de los planes”.
Al respecto, Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro, cuestionó la desconexión entre los planes y las demandas reales: “En muchos casos, pensamos que estamos bien, que tenemos un sobrecumplimiento de los planes, pero estamos muy lejos de las necesidades”.
El alza ilegal de precios en productos como el aceite comestible dominó parte del debate. Marrero Cruz denunció que “el litro cuesta 1 500 pesos en algunos territorios, cuando lo aprobado es 990”, y ordenó medidas drásticas: “Si esconden el aceite, vamos a ir tras la casa almacén […] no es una multa ni una venta forzosa, es decomiso”.
Subrayó que “el que venda un peso por encima está violando lo establecido, y el que lo permita es tan responsable como quien lo está vendiendo”.
El Ministerio de Comercio Exterior confirmó que los costos del aceite no justifican aumentos, por lo que Marrero Cruz exigió acciones inmediatas a nivel municipal: “Para resolver estas situaciones, no hay que esperar orientaciones ‘de arriba’”.
Criticó además la inconsistencia en los controles: “Cuando llamamos al combate, todos los indicadores suben, pero después que se acaba el ejercicio, vuelven a bajar hasta el próximo, y eso no puede pasar”.
Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, detalló los avances en el arrendamiento a formas de gestión estatal y no estatal, reconociendo impactos positivos en infraestructura y servicios, pero también “desviaciones”.
Marrero Cruz pidió revisar la relación entre ambos sectores: “Tenemos que saber en qué consiste, qué es lo que se está contratando, qué es lo que se está pagando […] Las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas deben aportar, no acrecentar un problema”.
Reiteró el apoyo gubernamental al sector no estatal, pero con límites: “Nosotros necesitamos del sector no estatal, pero eso tiene que ser ordenado. No puede ser que las medidas […] vayan en contra del pueblo”.
El programa de vivienda enfrenta un estancamiento crítico: al cierre de marzo, solo se concluyeron 1 344 inmuebles (12% de lo previsto para 2024).
Dilaila Díaz Fernández, directora general de la Vivienda, y Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer ministro, señalaron falta de prioridad en células básicas habitacionales, dilaciones en trámites y debilidades en el control local.
Marrero Cruz admitió los desafíos por la escasez de acero y cemento, pero exigió soluciones: “Con objetividad debemos hacer los análisis […] es un problema con impacto social tan grande como el de la vivienda”.
