El gobierno provincial de la capital ha emitido una nueva resolución que fija precios máximos de compra y venta para los productos agropecuarios, en un esfuerzo declarado por regular su comercialización y garantizar una mayor equidad.
La medida, firmada por la Gobernadora de La Habana, Yanet Hernández Pérez, impacta los distintos canales de distribución existentes en la provincia.
El texto establece precios máximos de compra al productor, así como para mayoristas de acopio y minoristas. Esta normativa aplica para las entidades estatales y para los Mercados Arrendados a formas productivas de la Agricultura que participan en la comercialización.
En esta categoría se incluyen los Mercados Estatales gestionados por Acopio, mercados arrendados a Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDEs) y Empresas Agropecuarias, Mercados del Ejército Juvenil del Trabajo y mercados arrendados a formas productivas y puntos de ventas de la Agricultura Urbana gestionados estatalmente, además de puntos de venta en áreas productivas.
Otro aspecto aprobado son los precios máximos minoristas para una serie de productos agropecuarios que se comercializan en los Mercados de Oferta y Demanda. Esta regulación afecta específicamente a los mercados gestionados por Acopio, Cooperativas No Agropecuarias, mercados gestionados por Trabajadores por Cuenta Propia y carretilleros.
De forma paralela, se fijan precios máximos minoristas para los mismos productos cuando son vendidos en el marco de las ferias agropecuarias, otro de los canales de distribución más utilizados por la población.
La resolución también unifica el criterio de precios en todo el territorio provincial. Teniendo en cuenta las características de La Habana, se determina que no se realizarán concertaciones de precios a nivel municipal, rigiéndose todos los territorios por los precios concertados en esta Resolución para toda la provincia.
Como consecuencia de la entrada en vigor de esta nueva normativa, queda sin efectos la Resolución 69 de 28 de abril de 2025 y cuantas normas jurídicas están en vigor con anterioridad, referente a la aprobación de precios mayoristas y minoristas de productos agropecuarios aprobados en este instrumento.
El Gobierno Provincial del Poder Popular de la capital fundamenta esta medida como una acción necesaria para mejorar la transparencia en la comercialización de alimentos, proteger al consumidor y fortalecer el control estatal sobre los precios.
Esta estrategia se implementa en un contexto económico nacional desafiante, que las autoridades locales atribuyen en parte al recrudecimiento del bloqueo económico.
