El transporte público no es solo un medio para desplazarse; es un espacio compartido, una arteria que conecta nuestras ciudades, nuestras historias y nuestras vidas. Sin embargo, recientes actos vandálicos han puesto en riesgo la seguridad y la funcionalidad de estos medios, afectando directamente a quienes dependen de ellos cada día.
La nota publicada recientemente por la Fiscalía General de la República, refiere que han sido detenidos varios atacantes y que con estricto apego a las leyes están siendo procesados.
Especialmente lamentable resulta la participación en algunos de estos incidentes de menores de edad.
Este hecho nos lleva a reflexionar sobre el rol de la familia y la sociedad en la educación y supervisión de nuestros jóvenes. ¿Dónde se pierde la línea entre el entretenimiento y el daño?, ¿qué señales estamos pasando por alto? Es imperativo que los padres tomen conciencia de las acciones de sus hijos, fomentando el respeto y la responsabilidad desde el hogar.
Por otro lado, los conductores y operadores tienen en sus manos una tarea fundamental: garantizar la aplicación de las normativas establecidas para el uso del transporte. Mantener el orden y la disciplina no es solo un requisito técnico, sino un acto de compromiso con la comunidad que depende de su labor y su conducta. El cumplimiento de protocolos de seguridad y el reporte oportuno de cualquier irregularidad son medidas esenciales para evitar mayores incidentes.
Los pasajeros también juegan un papel clave. Mantener el orden y el respeto dentro Y fuera de los vehículos no solo contribuye a la convivencia, sino que también previene situaciones que pueden derivar en conflictos o daños materiales. La denuncia oportuna de actos vandálicos, la solidaridad entre los viajeros y la promoción de una cultura de cuidado colectivo son indispensables para fortalecer el uso adecuado de estos espacios.
El transporte público es un componente esencial de nuestra sociedad. Protegerlo es proteger nuestro derecho a la movilidad, a la convivencia pacífica y al desarrollo. Más allá de medidas punitivas, el verdadero cambio radica en la conciencia colectiva. En la responsabilidad compartida. En el compromiso de todos por hacer de cada viaje un trayecto seguro y respetuoso.
Cada vehículo que sufre actos vandálicos deja una estela de afectaciones que se extiende mucho más allá del daño físico. No es solo un cristal roto o una estructura deteriorada; son miles de trabajadores que no llegan a tiempo, estudiantes que ven afectado su acceso a la educación, familias que dependen de la movilidad para su día a día. Un solo autobús fuera de servicio puede significar más horas de espera en las paradas, retrasos en hospitales, pérdidas en la economía.
La impunidad no será una opción. A quienes optan por el desorden y el caos, creyendo que sus acciones quedarán sin consecuencias, les espera la firme aplicación de la ley. Las autoridades han sido claras: cada responsable enfrentará todo el peso de la justicia, sin excepciones.
El transporte público es patrimonio de la comunidad, y su destrucción no será tolerada. No se trata solo de sanciones, sino de un mensaje contundente: quien atente contra la movilidad segura de miles, responderá por ello.
