En el marco de las prioridades del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reanimar la economía, con especial atención en la producción de alimentos, dio inicio este lunes la XVII Comprobación Nacional al Control Interno, centrada de manera exclusiva en el sector agropecuario.
El ejercicio, que se extenderá hasta el 31 de octubre en todo el país, tiene carácter preventivo, educativo y fiscalizador. Bajo la conducción de la Contraloría General de la República (CGR), evaluará el cumplimiento de las políticas públicas establecidas en la Ley No. 148 de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional.
En la comprobación participan más de 1 400 auditores del Sistema Nacional de Auditoría y de ese organismo, acompañados por expertos de la Oficina Nacional de Normalización, quienes evaluarán los procesos asociados con la calidad de las producciones, sus aseguramientos y la contratación.
El control se enfoca en las organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE) de Logística Agropecuaria, Acopio y Agrícola del Ministerio de la Agricultura, así como en entidades subordinadas vinculadas a la producción agropecuaria, incluyendo las ramas porcina, ganadera, agroforestal y tabacalera.
Darlam Dalmau Palomino, vicecontralor general de la República, precisó a medios locales que “para la comprobación particularmente resultaron seleccionadas 155 entidades, tanto de subordinación nacional como empresas agroindustriales municipales las cuales, a partir del proceso de fortalecimiento y de la autonomía que se debe lograr en los municipios, fueron traspasadas a sus consejos de la administración”.
El ejercicio se extenderá también a formas de gestión no estatal que mantienen encadenamiento productivo con empresas agrícolas. El vicecontralor destacó que “en la demostración tendrán mayor peso la agricultura no cañera, la ganadería ovina y porcina y la comercialización mayorista de las producciones agropecuarias”.
De acuerdo con el funcionario, la comprobación abarcará la ejecución y acopio de renglones agropecuarios, las relaciones contractuales, el suministro a productores y el aseguramiento de insumos junto a la planificación territorial. En las entidades estatales se verificará adicionalmente el uso del combustible, en línea con los esfuerzos por optimizar recursos en un contexto económico complejo.
