Como un mecanismo clave para la resolución de disputas comerciales bajo principios de rapidez, eficiencia, confidencialidad y rigor técnico, la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional, dependiente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, consolida su rol como institución esencial en el ecosistema jurídico-económico de la isla.
Integrada por juristas de alto nivel, esta entidad busca fortalecer la seguridad contractual y las relaciones comerciales de Cuba con el exterior, en un contexto marcado por desafíos económicos globales y reformas internas.
En una ceremonia celebrada recientemente en el Hotel Nacional de La Habana, los nuevos árbitros y mediadores designados para el período 2025-2028 asumieron sus cargos en un acto presidido por Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer ministro.
Según información de Cubahora, durante su intervención, Marrero Cruz resaltó la relevancia de la Corte en el actual escenario: “El país necesita y valora mucho el trabajo que realiza en estos momentos complejos la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional”.
Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, enfatizó el carácter estratégico de la institución, calificándola como “imprescindible” por su vínculo directo con las políticas de su cartera.
Subrayó, además, que la Corte opera ahora con un marco normativo actualizado: el Decreto-Ley 87/2024, que moderniza los procesos de arbitraje y mediación comercial internacional. Esta norma, aprobada por el Consejo de Estado, busca alinear a Cuba con estándares globales, ofreciendo mayor predictibilidad a inversionistas y empresarios.
Con casi 60 años de trayectoria, la Corte ha sido un pilar en la mediación de conflictos entre entidades cubanas y socios extranjeros, promoviendo la transparencia y reduciendo riesgos legales.
En febrero de 2022, durante un curso sobre Derecho de Negocios Internacionales, Marrero Cruz advirtió sobre la necesidad de profesionalizar las prácticas comerciales: “Como economía abierta estamos expuestos a las leyes del mercado […] tenemos que aprender a negociar, y a hacerlo bien”.
Criticó la firma pasada de contratos desequilibrados (“leoninos”), que perjudicaron intereses nacionales, e instó a fomentar una “cultura del contrato”.
Rodolfo Dávalos Fernández, reelecto presidente de la Corte hasta 2028, destacó en la Asamblea General de la Cámara de Comercio —celebrada en el Palacio de Convenciones de La Habana— que el Decreto-Ley 87 incorpora normas arbitrales contemporáneas, inspiradas en modelos internacionales.
“El país ha dotado a su empresariado de las reglas de arbitraje más modernas […] lo cual le impregna mayor seguridad jurídica a nuestros negocios”, afirmó. Pérez-Oliva coincidió, señalando que la legislación podría posicionar a La Habana como sede gradual de arbitrajes regionales.
Cuba sustenta su marco arbitral en dos convenciones internacionales: la Convención Europea de Arbitraje Comercial (1961) y la Convención de Nueva York (1958), que facilitan el reconocimiento de laudos extranjeros.
Estas herramientas, combinadas con la nueva ley, refuerzan la capacidad de la isla para enfrentar disputas complejas en un escenario económico fragmentado. Expertos consideran que, pese a obstáculos estructurales, la Corte está llamada a ser un actor clave en la reinserción comercial de Cuba.
