La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, una decisión que generó el inmediato rechazo del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de amplios sectores políticos y agrarios galos.
La Comisión activó la vía para la puesta en marcha parcial del pacto suscrito en enero pasado en Asunción, Paraguay, pese a las reservas expresadas por París y a que el Parlamento Europeo remitió el texto al Tribunal de Justicia de la UE para que se pronuncie sobre su compatibilidad con los tratados comunitarios.
En una declaración ante la prensa, Von der Leyen defendió la medida al recordar que el Consejo Europeo facultó en enero al Ejecutivo comunitario para proceder de esta forma. La alemana argumentó que se trata de un paso necesario para no demorar más la entrada en vigor de un instrumento que considera beneficioso para ambas regiones.
Sin embargo, la decisión fue calificada por el Elíseo como una maniobra inaceptable. Durante un encuentro bilateral con el primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, Macron expresó su malestar y advirtió que la Comisión asume una “pesada responsabilidad” al actuar de manera unilateral en un asunto de gran sensibilidad política y económica.
“Jamás defenderé un acuerdo así”, sentenció el mandatario francés, quien reiteró su oposición a un texto que considera “laxista con las importaciones” y excesivamente exigente con los productores europeos.
Macron insistió en que su gobierno mantendrá una posición vigilante para garantizar el cumplimiento de las condiciones exigidas por Francia, entre ellas la aplicación de medidas espejo y cláusulas de salvaguardia, así como controles reforzados a las importaciones sudamericanas para evitar la competencia desleal.
“Seremos intratables con el apego a estas reglas”, afirmó Macron, en defensa de los ciudadanos y productores del continente.
La tensión en torno al acuerdo UE-Mercosur no es nueva. Durante el último año y medio, Francia ha sido escenario de numerosas protestas lideradas por agricultores, que bloquearon carreteras con tractores y denunciaron el pacto como una amenaza para su subsistencia. El sector agrario teme que la entrada en vigor del acuerdo facilite la llegada masiva de productos sudamericanos con menores estándares sanitarios y ambientales, lo que generaría una competencia desleal.
La ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, se sumó al rechazo y calificó la decisión de la Comisión como “perjudicial”. En términos similares se expresaron los principales sindicatos agrarios del país, que denunciaron una “negación de la democracia” al obviar, a su juicio, la voluntad expresada por el Parlamento Europeo y por amplios sectores de la sociedad civil.
Pese al frente de oposición francés, varios Estados miembros de la UE y los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— han mostrado su satisfacción por el avance del acuerdo, que consideran clave para dinamizar el comercio bilateral y fortalecer los lazos económicos.
La aplicación provisional permitirá activar partes sustanciales del pacto, aunque su entrada en vigor definitiva queda supeditada al dictamen del Tribunal de Justicia de la UE y a la posterior ratificación por parte de los parlamentos nacionales de los Veintisiete.
