China aprobó el sábado la revisión de una ley destinada a reforzar la capacidad de Pekín para librar una guerra comercial, frenar los envíos al exterior —desde minerales estratégicos hasta muñecas sexuales— y abrir aún más su economía de 19 billones de dólares al año. Esta enmienda legislativa representa un instrumento dual de defensa y proyección en la política económica exterior del país asiático.
La última revisión de la Ley de Comercio Exterior, aprobada por el máximo órgano legislativo chino, entrará en vigor el 1 de marzo de 2026, informó el sábado la agencia estatal de noticias Xinhua. Este plazo brinda un período de adecuación para que las autoridades y el sector empresarial internalicen los nuevos mecanismos y disposiciones.
El movimiento se enmarca en una estrategia integral de adaptación a un escenario internacional complejo. La segunda economía más grande del mundo está revisando sus marcos jurídicos relacionados con el comercio, en parte para convencer a los miembros de un importante bloque comercial transpacífico creado para contrarrestar la creciente influencia de China de que la potencia manufacturera merece ser parte, cuando Pekín trata de reducir su dependencia de Estados Unidos.
La revisión es, por tanto, una carta de presentación para una mayor integración en acuerdos multilaterales de alto estándar, al tiempo que fortalece la autonomía estratégica nacional.
La ley, que ha evolucionado junto con la propia inserción global de China, proporciona las bases legales para acciones más enérgicas. Aprobada en 1994 y revisada tres veces desde que China ingresó en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, la última en 2022, la Ley de Comercio Exterior faculta a las autoridades para contraatacar a socios comerciales que intenten frenar sus exportaciones y adopta mecanismos para abrir sectores restringidos a empresas extranjeras. Este equilibrio entre herramientas de retaliación y compromisos de apertura refleja la madurez de la política comercial china, que busca proteger sus intereses esenciales sin aislarse de los flujos globales de capital y tecnología.
Los objetivos últimos de esta actualización legal trascienden lo meramente defensivo. La revisión también añade una disposición según la cual el comercio exterior debe ‘servir al desarrollo económico y social nacional’ y ayudar a convertir a China en una ‘nación comercial fuerte’, según Xinhua. Esto subordina explícitamente la política comercial a las metas de desarrollo doméstico y al ascenso en la jerarquía económica global.
Los contenidos específicos de la enmienda apuntan a sectores modernos y a la armonización con pactos internacionales avanzados. La revisión se centra en áreas como el comercio digital y ecológico, junto con las disposiciones sobre propiedad intelectual, mejoras clave que China necesita hacer para cumplir con los estándares del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Este enfoque demuestra la voluntad de Pekín de participar en la gobernanza de la nueva economía y de cumplir con las exigencias de los acuerdos comerciales de última generación, superando el modelo de mera exportación de bienes manufacturados.
En conjunto, la revisión de la Ley de Comercio Exterior consolida a China como un actor que no solo responde a las presiones externas, sino que diseña proactivamente su propio marco normativo para navegar la desglobalización parcial, promover sus industrias de vanguardia y asegurar un papel central en la futura arquitectura del comercio mundial.
