La ofensiva del presidente Donald Trump y su aliado Elon Musk para reducir el gasto público en Estados Unidos enfrenta crecientes críticas legales y políticas.
Una coalición de 14 estados presentó este viernes una demanda federal contra Musk, su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y el propio Trump, acusándolos de sobrepasar los límites constitucionales en su estrategia de recortes, informa Prensa Latina.
La denuncia, liderada por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, alega que el rol de Musk al frente del DOGE viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución, ya que no fue confirmado por el Senado.
El documento, presentado ante un tribunal federal en Washington D.C., subraya la “magnitud sin precedentes” del poder ejercido por el magnate, incluido su control sobre despidos masivos, desmantelamiento de agencias y acceso a datos sensibles .
“El poder aparentemente ilimitado y sin control del señor Musk para despojar al gobierno de su fuerza laboral y eliminar departamentos enteros con un trazo de lápiz o un clic del mouse habría sido impactante para quienes ganaron la independencia de este país”, señala la demanda.
La acción legal coincide con una orden ejecutiva firmada por Trump este martes, que amplía las facultades del DOGE para bloquear nuevas contrataciones y exigir planes de “reducciones masivas de personal”.
Durante una conferencia de prensa, Musk defendió los recortes como “sentido común” y minimizó las críticas: “Nos movemos rápido, así que cometeremos errores, pero también los corregiremos rápidamente”.
Sin embargo, analistas apuntan a un posible conflicto de intereses: seis empresas del tecnológico enfrentan investigaciones o quejas de 11 agencias federales, las mismas que ahora están bajo su supervisión .
El uso expansivo del poder ejecutivo por parte de Trump también genera alertas. Sectores jurídicos y legislativos cuestionan si la Casa Blanca está ignorando los controles constitucionales.
