Cuba dio un nuevo paso en materia de política agrícola con la publicación del Decreto 128/2025, una normativa destinada a dotar por primera vez de un marco legal al movimiento agroecológico en la isla.
El decreto, publicado en la Gaceta Oficial 79 Ordinaria, permite que por primera vez Cuba disponga de un marco legal para impulsar ese movimiento social, de suma importancia en la producción de alimentos.
La medida, que entrará en vigor dentro de 90 días, ha sido presentada como la consolidación de una trayectoria de casi tres décadas.
En conferencia de prensa, Elizabeth Peña Turruellas, directora nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, señaló que su concepción es fruto del esfuerzo, experiencias y conocimientos acumulados durante casi tres décadas, en los que el país ha sido, y sigue siendo, un referente internacional demostrado en múltiples eventos.
Durante el período previo a su implementación, las autoridades promoverán un programa de capacitación y de comunicación institucional dirigido a los campesinos, cooperativas, a la población en general y a organismos, para precisar sus principios, bases y alcance.
La funcionaria explicó que en la redacción del decreto se tuvieron en cuenta la Constitución de la República y la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y los saberes de miles de campesinos con sus prácticas agroecológicas, de científicos, académicos y de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y organizaciones afines.
También, dijo Peña Turruellas, expresa la voluntad política del Estado cubano, y recordó los llamados del presidente Miguel Díaz-Canel cuando en sus recorridos por las bases productivas hace hincapié en la aplicación de la agroecología, de la ciencia y la innovación.
El marco legal incluye incentivos económicos concretos. De acuerdo con la norma y las resoluciones que la acompañan, de los ministros de la Agricultura y de Finanzas y Precios, se pretende estimular y reconocer, incluso con certificaciones, a personas naturales y jurídicas vinculadas a la producción, transformación y comercialización de productos, fruto de tales prácticas.
Estas contribuyen a garantizar alimentos sanos e inocuos en beneficio de la salud de las personas y del medioambiente, en tanto con la producción agropecuaria sobre bases agroecológicas se pretende tributar a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios municipales.
Expertos consultados durante la elaboración de la norma subrayaron los fundamentos técnicos del enfoque. Tal cual explicaron Juan Guerra, funcionario de la ANAP; el doctor Fernando Funes, una institución en este campo, y otros expertos, esa ciencia enriquecida con los saberes y tradiciones campesinas se basa en el aprovechamiento máximo de los recursos naturales y de residuos de origen animal y vegetal, así como en el uso de fuentes de energía renovable.
La aplicación del decreto será responsabilidad de múltiples organismos, lo que refleja su carácter transversal.
El decreto del Consejo de Ministros señala la responsabilidad en su aplicación por diversos organismos de la administración central del Estado, expresión de su integralidad, verticalidad y dimensiones económica, social y ambiental.
Por ejemplo, para impulsar el movimiento De campesino a campesino, el turismo agroecológico y desde las escuelas y universidades desarrollar programas afines, es vital el rol de la ANAP y de los ministerios de Turismo, de Educación y de Educación Superior, en ese orden.
El componente financiero es clave, con la creación de un fondo específico. También el ministro de Finanzas y Precios dispuso una resolución en la que establece beneficios o incentivos para este tipo de producción y el acceso a financiamiento en cualquier moneda, a la vez que de conjunto con el Ministerio de la Agricultura se creará el Fondo Nacional para el Fomento de la Agroecología.
Según expertos, investigadores y productores, Cuba goza de gran prestigio internacional por todo cuanto ha hecho y hace en ese campo, de manera que el nuevo decreto le impregna un mayor impulso, reconocimiento y beneficios a sus promotores.
Además de los objetivos productivos y ambientales, la norma busca un impacto social. Otro de sus objetivos es estimular el asentamiento familiar en la zona rural, así como la incorporación, permanencia y estabilidad allí de la fuerza laboral del sector, en especial de jóvenes y mujeres.
