El Gobierno cubano implementó una medida excepcional para auxiliar a las familias afectadas por el reciente huracán Melissa, al aprobar que el Presupuesto del Estado subsidie el 50 por ciento del costo de los materiales de la construcción destinados a la reparación de viviendas con daños totales o parciales.
La disposición, publicada en la Gaceta Oficial No. 65 Extraordinaria del 31 de octubre de 2025, beneficiará específicamente a los damnificados en las provincias orientales de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Las Tunas, territorios que sufrieron los embates del evento meteorológico el 29 de octubre.
El acuerdo detalla un paquete de protección económica más amplio. Para quienes no cuenten con ingresos suficientes a pesar del subsidio, el texto precisa que podrán acceder a créditos bancarios, solicitar subsidios directos con cargo al Presupuesto del Estado o recibir financiamiento a través de la Asistencia Social, de acuerdo con la legislación vigente.
En un gesto adicional para aliviar la carga financiera de los afectados, el Consejo de Ministros determinó que el Estado asuma también el diferencial de la tasa de interés de los créditos bancarios solicitados por los damnificados específicamente para acciones constructivas derivadas de derrumbes totales o parciales de viviendas y techos.
El documento oficial faculta además al ministro de Finanzas y Precios para otorgar bonificaciones en los precios y tarifas de otros servicios y productos de consumo duradero que se comercialicen entre las personas afectadas, en función de las necesidades que se identifiquen durante la recuperación.
Para garantizar el cumplimiento efectivo de lo dispuesto, el acuerdo responsabiliza conjuntamente a los ministros de Finanzas y Precios y de Comercio Interior, junto a los gobernadores provinciales de los cinco territorios impactados, con la tarea de establecer los procedimientos detallados y los mecanismos de control necesarios.
La medida, que entró en vigor inmediatamente tras su publicación, fue elaborada “con el objetivo de brindar protección económica y social a las familias” y ratifica, según el texto, el carácter social del Presupuesto del Estado. Asimismo, se enfatiza el principio de que nadie quedará desamparado en nuestro país.
La implementación de estas decisiones recae de manera vital en las oficinas de trámites locales, donde se evalúa caso por caso y se orienta a la población hacia una posible solución para facilitar la reconstrucción de sus hogares.
