En aguas turbias, algunos individuos han optado por prácticas violatorias, aprovechándose de la escasez de efectivo. Ofrecen dinero en metálico a cambio de transferencias, mientras ciertos comercios privados implementan precios “diferenciados” según el método de pago, lo cual contraviene las normativas dispuestas.
Y es que la concentración de efectivo en pocas manos, como han reiterado las voces oficiales, responde a un significativo porcentaje de deudas con el fisco, resultado del incumplimiento de plazos y actitudes evasivas de algunos actores.
A raíz de esa realidad ha emergido otra ilegalidad: ciudadanos que “alquilan” sus cuentas personales y permiten la circulación de elevadas sumas de dinero provenientes de trabajadores no estatales, “desconociendo” su implicación en operaciones tipificadas como lavado de dinero en nuestro código penal. Además, en la geografía nacional se ha vuelto habitual toparse con los “mochileros”, quienes, con múltiples tarjetas, “saquean” los cajeros automáticos para extraer efectivo. Pero en tiempos de redes sociales, tampoco constituyen las únicas vías del dinero “robado”.
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Daniela, una joven de 22 años, ha encontrado en la vasta red de Internet su salvación cotidiana: “Con un teclazo encuentro todo lo que busco”, comentó con aire de complicidad a la revista. Con la astucia de un pez en el agua, se define de “viva” en el universo digital, pues ella sabe cómo encontrar moneda libremente convertible (MLC), euros y dólares estadounidenses, al elegir –casi con precisión quirúrgica– la mejor opción, en dependencia de la fluctuante tasa de cambio. Mas, nos compartió la amarga experiencia cuando la estafaron para la compra de buena cantidad de MLC: “Pensé que les pasaba a las personas mayores; mi abuela no sabe ni usar el Facebook”, refirió mostrando el móvil, un tanto confusa al recordar lo sucedido.
Movida por la promesa de un precio irresistible en la compraventa, por debajo del mercado informal, contactó con el desconocido mediante Telegram: este le hizo creer que el oro brillaba a sus pies. Se confió por un mensaje “igualito a los de Transfermóvil” –señaló–, con la confirmación del pago; una trampa perfectamente urdida que la llevó a realizar una transferencia, solo para descubrir, con el corazón en un puño, el haber perdido unos 80 000 pesos.
Un reportaje de Granma, en febrero de 2024, comentaba que EnZona no ha sido vulnerada por ataques cibernéticos, pero el phishing o suplantación de identidad es un delito asociado a las estafas cibernéticas que, junto al ramsonware (una forma de malware), integran las amenazas más comunes en Latinoamérica.
La realidad se complica cuando se leen en las plataformas digitales otras historias, en las que el engaño salta del ámbito virtual al físico, y las víctimas se encuentran a merced de amenazas y agresiones en lugares poco transitados.
Desde 2022, el Ministerio del Interior (MININT) ha hecho público la desmantelación de cadenas delictivas y se conoce que el modus operandi consiste en “cazar” a los vulnerables o ingenuos: Una persona se encarga de hacer la propuesta inicial en Internet con perfiles falsos, otro acompaña al interesado hasta sitio del delito y, finalmente, los atacantes ejecutan el robo; muchas veces concluyendo en violencia.
Un informe de 2023, elaborado por el Centro Nacional de Ciberseguridad y el Centro de Operaciones de Seguridad de ETECSA, indica que entre enero y septiembre de ese año se registraron 2 600 incidentes en la esfera digital cubana. No hay que ser el genio de la lámpara para intuir que en el recién concluido calendario el dato debe haberse incrementado.
En el listado de eventos figuran ciberataques, denegación de servicios, el envío y recepción de correos no deseados y tráfico malicioso generado por códigos malignos.
A pesar de la proliferación de estas amenazas, ETECSA y los bancos aclaran que no son responsables por las estafas perpetradas por ciberdelincuentes. Desde el 1° de febrero de 2022, los bancos han dejado de gestionar reclamaciones por transacciones erróneas realizadas a través de sus plataformas electrónicas. De ahí que directivos y organismos llamen la atención de una cultura y conciencia sobre el uso seguro de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ya que la responsabilidad también recae en el usuario.
El comentario “Las estafas y las redes sociales”, del periódico 5 de Septiembre, recoge la firmeza del marco jurídico penal. Este contempla incluso la prisión provisional de los imputados desde la etapa de investigación, especialmente en aquellos delitos cometidos de forma organizada, lo que definitivamente agrava la situación y aumenta las sanciones.
Sin embargo, expertos señalan que en estos casos, donde las redes sociales y las transferencias son protagonistas, el esclarecimiento se vuelve complicado. Los estafadores utilizan cuentas falsas y, una vez consumada la fechoría, resulta casi imposible rastrearlos.
Además, aunque puedan ser esclarecidos, la ley no contempla la devolución de los fondos, porque el delito original se vincula a un ilícito diferente, como el tráfico ilegal de divisas.
*Los nombres de las fuentes han sido modificados a solicitud de las mismas.
(Tomado de Bohemia)
