El presidente de Argentina, Javier Milei, firmará un decreto para privatizar parcialmente Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA), empresa estatal a cargo de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país: Atucha I, Atucha II y Embalse, anunció este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni citado por Reuters.
Mediante una licitación pública nacional e internacional, el Gobierno buscará vender el 44% de las acciones de la empresa, mientras que el Estado mantendrá el 51%, además de organizar un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario, detalló el portavoz en su conferencia de prensa habitual.
“La idea es promover la inversión privada para construir el primer reactor modular argentino e impulsar la minería de uranio”, sostuvo Adorni, reafirmando la política de apertura del gobierno de Milei. “Todas las empresas públicas están sometidas a un proceso potencial de privatización”, agregó, dejando claro el alcance de la estrategia gubernamental.
Milei, un economista de ultraderecha, asumió la presidencia en diciembre de 2023 con la promesa de reducir drásticamente el tamaño del Estado, bajar el gasto público para equilibrar las cuentas fiscales y controlar una tasa de inflación que superaba el 200% anual. Esta medida se enmarca en ese programa de reformas estructurales.
En un comunicado oficial, el Gobierno justificó la decisión argumentando que “la incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva”.
La iniciativa ha encontrado una fuerte oposición de sectores técnicos y sindicales. La Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear rechazó la medida, defendiendo el rol del Estado en el desarrollo de la energía nuclear y alertando que la privatización resultará en un aumento de las tarifas eléctricas.
“Actualmente las tarifas de NA-SA son de las más bajas del mercado, lo que redunda en un beneficio para la sociedad en su conjunto ya que reduce la tarifa de energía eléctrica en general, permitiendo una mejor competitividad energética de nuestro sector productivo”, sostuvo la asociación en un comunicado.
Y agregó: “Privatizar NA-SA no va a mejorar la vida de la gente, sino que incentivaría a que se incremente la tarifa hasta igualar a la del mercado, pagando los ciudadanos esta diferencia para acrecentar la rentabilidad de un privado”.
La agrupación destacó que “las centrales nucleares requieren planificación, inversión sostenida y un activo control estatal para garantizar su seguridad y la previsibilidad en el suministro de energía eléctrica”, poniendo en duda la capacidad del sector privado para cumplir con estos requisitos estratégicos.
