La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el martes que decidirá sobre la legalidad de los aranceles globales impuestos por Donald Trump, en una prueba jurídica crucial para una de las medidas más audaces del expresidente republicano y que ha sido fundamental para su agenda económica y comercial.
Los jueces aceptaron la apelación interpuesta por el Departamento de Justicia contra el fallo de un tribunal inferior que determinó que Trump se extralimitó en su autoridad al imponer la mayoría de sus aranceles bajo el amparo de una ley federal destinada específicamente a situaciones de emergencia nacional.
El tribunal, que inicia su próximo período de sesiones el 6 de octubre, ha acelerado de manera inusual la tramitación del caso y ha programado los alegatos orales para la primera semana de noviembre. La Corte actuó con celeridad después de que el gobierno solicitara la semana pasada una revisión urgente del caso, el cual involucra billones de dólares en aranceles a lo largo de la próxima década.
En una movida relacionada, los jueces también acordaron escuchar un desafío separado a los aranceles de Trump presentado por Learning Resources, una empresa familiar dedicada a la fabricación de juguetes educativos.
El fallo bajo revisión, emitido en agosto por el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Washington, dictaminó que Trump sobrepasó sus facultades al invocar una ley de 1977 conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer los aranceles, una decisión que, de confirmarse, socavaría una de las principales prioridades de política comercial del expresidente para un eventual segundo mandato. A pesar de la controversia legal, los gravámenes se mantienen actualmente en vigor.
Estos aranceles forman parte integral de una guerra comercial instigada por Trump desde que regresó a la contienda política, una estrategia que ha alienado a socios tradicionales de Estados Unidos, incrementado la volatilidad en los mercados financieros globales y alimentado la incertidumbre económica mundial.
Trump ha convertido a los aranceles en una herramienta clave de su política exterior, utilizándolos de manera agresiva para renegociar acuerdos comerciales, obtener concesiones de otras naciones y ejercer presión política sobre adversarios internacionales.
En abril, Trump invocó la IEEPA para imponer aranceles sobre bienes importados de países individuales con el objetivo declarado de abordar déficits comerciales, sumándose a otros gravámenes anunciados en febrero como una palanca económica contra China, Canadá y México para, según argumentó, frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia territorio estadounidense.
La ley en cuestión otorga poderes especiales al presidente para hacer frente a lo que define como “una amenaza inusual y extraordinaria” en el contexto de una emergencia nacional. Históricamente, esta legislación se había utilizado para imponer sanciones a naciones enemigas o congelar activos de regimes hostiles. Antes de la presidencia de Trump, la ley nunca se había empleado para imponer aranceles comerciales.
El Departamento de Justicia, en su defensa, ha argumentado que la ley sí permite la imposición de aranceles bajo sus disposiciones de emergencia, las cuales autorizan a un presidente a “regular” las importaciones cuando lo considere necesario.
El núcleo del debate constitucional radica en que la Constitución de Estados Unidos otorga explícitamente al Congreso, y no al presidente, la autoridad para establecer impuestos y aranceles. Los demandantes argumentan que cualquier delegación de esa autoridad al poder ejecutivo debe ser explícita, estrechamente definida y limitada por el legislativo, un principio que consideran violado en este caso.
