El 94% de los 78 230 pensionados de la provincia de Las Tunas comenzarán a recibir el aumento a sus pensiones a partir del 20 de agosto, en uno de los procesos de mayor impacto social en ese territorio oriental.
La medida beneficiará principalmente a adultos mayores, grupo que representa la mayoría de los acogidos al régimen de Seguridad Social en la provincia, informó la emisora Radio Victoria en su sitio web.
Imandra Peláez, jefa del Departamento de Seguridad Social en la Dirección Provincial de Trabajo, confirmó que están creadas todas las condiciones para el pago puntual ese día al primer grupo designado.
“De conjunto con las instituciones financieras y Correos de Cuba se han adoptado las medidas organizativas en cada uno de los ocho municipios para brindar la atención que merecen estas personas”, detalló.
Peláez añadió que todo el proceso cuenta con el apoyo de los gobiernos locales y el programa de trabajadores sociales del Ministerio de Trabajo.
La logística de pago presenta particularidades significativas: aunque el 52% de los pensionados tuneros reciben sus beneficios mediante tarjetas magnéticas, solo tres de los ocho municipios disponen de cajeros automáticos.
El resto opera a través de nóminas electrónicas gestionadas por las tres instituciones financieras existentes en la provincia, lo que requiere una coordinación especial para garantizar el acceso en zonas menos urbanizadas.
Para evitar aglomeraciones en la fecha inicial, se implementó un calendario escalonado por grupos y se desarrolló una campaña informativa durante varias jornadas previas.
Peláez aseguró que “en cada banco habrá un trabajador social para orientar y ofrecer ayuda”, reforzando así la asistencia a beneficiarios que podrían enfrentar dificultades con los mecanismos electrónicos.
Esta estrategia busca mitigar riesgos en una provincia donde el envejecimiento poblacional exige protocolos adaptados a las necesidades de la tercera edad.
El despliegue operativo incluye puntos de atención en comunidades rurales y seguimiento personalizado a casos vulnerables, reflejando los esfuerzos por combinar eficiencia administrativa con sensibilidad social en un territorio con limitada infraestructura bancaria.
