La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en La Habana ha emitido una alerta contundente a todas las formas de gestión no estatal (incluyendo trabajadores por cuenta propia y pequeñas y medianas empresas) que operan en la capital: el uso exclusivo de la Cuenta Bancaria Fiscal (CBF) y la aceptación obligatoria de pagos mediante transferencias bancarias son ahora requisitos fundamentales e ineludibles para sus operaciones comerciales diarias.
La entidad fiscal precisó que, pese a las regulaciones establecidas, una cantidad significativa de establecimientos continúa utilizando cuentas bancarias personales para recibir ingresos derivados de su actividad económica, informó Tribuna de La Habana.
Esta práctica, señaló la ONAT, constituye un claro incumplimiento de la normativa tributaria vigente y ha desencadenado la aplicación de medidas coercitivas severas por parte de las autoridades.
Entre las sanciones que ya se están aplicando a los infractores, la ONAT enumeró: multas administrativas de cuantía considerable, el cierre temporal de los establecimientos involucrados y, en casos de mayor gravedad, el inicio de controles fiscales exhaustivos que podrían derivar en procesos por presunto delito de evasión fiscal.
Las autoridades tributarias enfatizaron que el incumplimiento reiterado de estas obligaciones puede acarrear consecuencias legales de gran envergadura.
Directivos de la ONAT subrayaron que “la evasión fiscal no es una opción, es un delito” recordando la seriedad con la que el Estado cubano aborda estas infracciones.
La ONAT instó a todos los actores económicos no estatales a actuar con máxima responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y a garantizar la total transparencia de sus operaciones financieras.
La entidad argumentó que la disciplina fiscal colectiva es un pilar esencial para garantizar el funcionamiento económico nacional.
El uso estricto de la CBF y la aceptación de pagos por transferencia, insistió, son mecanismos clave para transparentar la legalidad de las operaciones, asegurar una contabilidad fidedigna y garantizar el pago correcto y oportuno de los impuestos que sustentan los servicios públicos.
