Nos detuvimos frente a un carretillero con la esperanza de comprar unas guayabas que, por su aroma, anunciaban que solo les quedaban unas pocas horas de frescura antes de comenzar a pudrirse. Mi amigo, desde la moto, pregunta por el precio: “150 pesos la libra”. Sorprendido responde que a 120 pesos ya es caro, y ofrece comprarlas a ese precio, sabiendo que si no se venden rápido, terminarán en el basurero convertidas en desperdicio o de alimento animal.
El carretillero, sin titubear, responde: “Ese es el precio, esto no es mío”, dejando claro que él no tiene control sobre el valor de lo que vende. El dueño, alguien que no está presente, ha impuesto su precio indiferente a la realidad de la demanda y al hecho de que sus productos van camino a la descomposición, sin satisfacer necesidades de la población.
Mi amigo insiste en negociar apelando al sentido común: “Si no las vendes hoy, se echarán a perder, véndelas a 120”. Pero el vendedor sonríe con desprecio, como si el destino de esas guayabas, podridas al día siguiente, no tuviera importancia. Al final, la mercancía queda estancada, y el comprador se marcha, frustrado por la falta de lógica comercial y la especulación descarada, a pesar de que enarbolan las banderas de la ley de oferta y demanda, esa que supuestamente regula los precios del mercado.
Craso error de la mayoría de nuestros ofertantes de mercancías. Cuando un vendedor fija precios por encima del equilibrio del mercado, su inventario comienza a acumularse porque los consumidores no compran al precio inflado. Esto no solo reduce las ventas, sino que también obliga a los productores a disminuir su producción para evitar pérdidas. Como resultado, algunos compradores buscan alternativas más económicas, dejando al ofertante con productos perecederos que acaban desperdiciados o como alimento animal. Por supuesto, esta dinámica es el resultado de la especulación, propiciada por intermediarios que revenden los mismos productos a precios aún más elevados, distorsionando la economía local o por insuficiencias en la producción que limitan diversificar la oferta y transitar a un mercado competitivo; además de la insuficiente o a veces nula participación de la “mano visible” de los organismos de control. Es por eso que el vendedor, con total impunidad, respondía finalmente a mi amigo de manera descarada: “Eso no lo puedo resolver yo ni tú. Eso lo puede resolver el Presidente”. Mi amigo, antes de poner en marcha la motorina y dar la espalda al precio abusivo, llamaba al vendedor a ser un tilín mejor y mucho menos egoísta, porque “eso si lo podíamos resolver nosotros”, le añadió.
Un mercado secuestrado por la especulación
Este encuentro es solo una muestra de la realidad del comercio informal en nuestra ciudad. La teoría de oferta y demanda está siendo burlada descaradamente por los mismos que la enarbolan a los cuatro vientos. Es que, no basta con reconocer en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución la existencia objetiva de las relaciones de mercado; unido al papel de la planificación como herramienta principal para conducir la economía y la necesidad de que el Estado ejerza regulación e influencia en dicho mercado. Esto requiere desaprender y volver a aprender, porque en la práctica, parece que no es comprendido por ofertantes y demandantes, ni por algunos decisores.
En primer lugar reconociéndose que el mercado tiene sus propias leyes, las que requieren ser estudiadas y deben dominarse, como parte de la actualización del modelo económico de desarrollo económico y social y en ese camino hacia lo ignoto de la construcción del socialismo en Cuba.
En primer lugar, el mercado funciona con sus propias leyes. Según sus reglas, cuando el precio de un bien baja en el mercado, la cantidad demandada por los consumidores aumenta, y cuando el precio sube, la demanda disminuye, suponiendo que todos los demás factores permanezcan constantes. Sin embargo la inmensa mayoría recita el verso al revés. Por supuesto que lo hacen desde la posición del que oferta, que es muy diferente al comportamiento del que demanda.
En un mercado sano, este principio algunos economistas suponen que debiera funcionar de manera natural: si un producto no se vende al precio fijado, el comerciante reduce su precio para atraer compradores y evitar pérdidas. Sin embargo, lo que ocurre en nuestras calles y a la vista de todos, contradice completamente esta lógica: los vendedores prefieren mantener precios especulativos, ignorando la demanda real y permitiendo de manera egoísta que la mercancía se pudra antes que ajustarla a su valor correcto.
¿Pero ahora resulta que es auto regulable el mercado? Me preguntaran algunos. ¡Por supuesto que no! La historia ha demostrado que es una gran falacia la llamada autorregulación del mercado y que no en pocas ocasiones, la supuesta mano invisible de Adam Smith se hace acompañar de la mano visible del Estado en cualquier latitud. Para eso el Estado puede intervenir de diferentes maneras. De manera directa, a través de regulaciones y normativas; mediante controles de precios o mediante ofertas de productos estratégicos en el mercado Estatal. También lo puede hacer de manera indirecta mediante subsidios y ayudas para apoyar a ciertos sectores o mediante impuestos y aranceles para estimular o desestimular ciertas actividades, entre otras variantes. Cualquiera de estas variantes puede aplicarse y no hay que acudir solo a una.
La especulación se extiende más allá de las carretillas
Por otra parte, la conversación nos envía otros mensajes. Este modelo de reventa abusiva, donde los productos pasan de mano en mano sin que el verdadero dueño aparezca y se grite a los cuatro vientos, revela una cadena oculta de acaparamiento y manipulación de precios, sin control sobre la legalidad de los que ejercen esta actividad, más allá del cumplimiento o no de la teoría de la oferta y la demanda. Por supuesto que cuando conjugamos ambos factores, aquí no hay ajuste por demanda, sino un control artificial que desvirtúa la economía local.
Por su parte, el Ejercicio Nacional de Control en Cienfuegos generó expectativas de regulación, pero en la práctica, los vendedores cerraron temporalmente y reanudaron sus operaciones poco después, manteniendo los mismos precios especulativos. Aunque la intención era frenar abusos y fortalecer la vigilancia, el impacto ha sido casi nulo, pues la especulación y la reventa continúan sin ajustes visibles. Sin un control sostenido y medidas efectivas, estos ejercicios solo logran pausas momentáneas, pero no soluciones reales al abuso comercial. No conocer los resultados oficiales del ejercicio, también puede generar incertidumbre sobre su verdadero impacto.
Este fenómeno no solo ocurre con los carretilleros, sino que se ha expandido a ferias agropecuarias, puntos de venta improvisados y comercios informales dentro de las viviendas. La lógica económica se desvirtúa porque los precios responden a la imposición arbitraria de quienes controlan la distribución de productos. Tanto los vendedores ambulantes como quienes operan en espacios establecidos mantienen precios inflados, muchas veces sin justificación, dejando a los consumidores sin opciones asequibles.
El problema afecta una amplia variedad de productos, desde alimentos básicos hasta productos agrícolas, generando un mercado especulativo donde los precios escapan de cualquier regulación efectiva. Esta práctica viola instrumentos jurídicos que propician correctamente la intervención directa del Estado, como el Acuerdo 10093 del Consejo de Ministros y la Resolución 225 del MFP que establecen que estos productos pueden tener un margen de ganancia de hasta 30 % sobre costos y gastos, sin exceder los precios definidos. Además, exoneran del pago de impuestos aduaneros las importaciones para contener la inflación. También se viola la Resolución 103 del Consejo de Gobierno que fija los precios minoristas de productos agropecuarios en Cienfuegos para evitar la especulación y estabilizar el mercado.
Para muestra, un botón. Según los precios observados por el autor en Cienfuegos durante los últimos días, el impacto de esta distorsión del mercado y de las regulaciones aprobadas es evidente cuando observas que el arroz se vende a 270 pesos y los frijoles a 350 pesos, 174 y 123 veces respectivamente, el precio regulado por el Consejo de Ministros en Cuba en 2025; por su parte el aceite a 1250 pesos y el pollo troceado a 781 pesos el kilogramo (3 600 pesos el paquete de 10 libras) 320 veces y 126 veces respectivamente, el precio normado por el Ministerio de Finanzas y Precios en el 2025.
No se acabó el abuso…
Según la información de la ONEI sobre el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor en Cuba, este muestra tendencias de decrecimiento hasta 2024; por otra parte, se aprueban medidas y regulaciones desde el Consejo de Ministro hasta las Asambleas Municipales del Poder Popular, que pretenden proteger productos de primera necesidad para mitigar el impacto en las personas en situación de vulnerabilidad, sin embargo esto no se evidencia en los bolsillos del cienfueguero.
Es entonces que recuerdo que durante un tiempo los vendedores gritaban “¡Se acabó el abuso!”, anunciando precios que parecían justos. Pero hoy, la realidad es otra: el abuso no solo no ha terminado, sino que ha tomado nuevas formas, extendiéndose por cada rincón del mercado informal. Ya se les olvidó su propio pregón, y los precios desorbitados siguen golpeando el bolsillo del consumidor.
(Tomado de 5 de Septiembre)
Un comentario
Pero ese comportamiento lo podemos ver igual en nuestras tiendas estatales. Cosas compradas a precios muy bajos y vendidas a precios muy altos que permanecen en el mismo precio por meses sino años y que si se les rebaja algo es centavos y luego vemos que de un día a otro desaparecen a saber a qué sitio van. En este tema hemos aprendido de la economía de la empresa estatal que se ha reconocido es improvisada.
Estimado periodistaz usted en nuestras tiendas estatales ve una cultura de rebajar precios, hacer promociones ofertas, que generen el necesario movimiento de mercancías?