Los fines de semana empiezan temprano, con la misma preocupación para muchas familias cubanas: encontrar lo indispensable para llevar a la mesa, mientras los precios —esa variable implacable— siguen su escalada sin freno. En bolsillos flacos por la inflación, el salario se esfuma en el mercado informal, donde una bolsa de pollo de cinco libras devora casi toda una pensión.
El problema, tan urgente como complejo, exige un análisis profundo desde sus múltiples aristas. Aunque el gobierno ha intentado contener la situación con medidas como la Resolución No. 225/2024 —que regula precios de productos esenciales—, su aplicación sigue siendo irregular, y no hay señales de mejora a corto plazo.
¿Por qué no se cumplen por todos estas disposiciones? ¿Qué falla en los mecanismos de control? Un equipo de reporteros de Cubadebate salió a las calles para investigar las causas del incumplimiento, escuchar a los afectados, a los actores económicos implicados en el fenómeno y evaluar la respuesta de las autoridades.
Precios topados, realidades que se disparan
La vecina de la esquina, como si fuesen la Biblia y la cruz, lleva una agenda carmelita con los precios anotados bajo el brazo izquierdo y la pesa en otro, en todas sus incursiones a la feria de productos agropecuarios —y de todo tipo—, que hacen los viernes al doblar del edificio. Que si el tomate es tanto, el arroz más cuanto y el frijol no puede pasarse de tal cifra. Los montos están topados, la vecina lo sabe y exige, o al menos intenta, que se cumplan sus derechos.
— “Pero imagínese madre, el guajiro me subió la cebolla, y agradezca que hay, porque no tenía cómo recoger el tomate, y casi todo se pudrió en el campo. Las semillas están caras, los fertilizantes por las nubes, y nadie es bobo para perder. Todos tenemos que vivir”.
Compra media libra de cebollas; se faja por el frijol y logra llevárselo por el monto establecido, después de vociferar amenazas. Se frustra cuando no encuentra el paquete de pollo, pero “mire, señora, aproveche que el cartón de huevos está en 2400; hay bastante en MLC y USD, y ahora lo tenemos a precio de cochino enfermo”. La vecina respira y, por un momento, viene a su mente ese sabor a cerdo que no recuerda la última vez que probó.
Entre intentos fallidos, dolores de cabeza y el dinero agotado, regresa a casa con frijoles, arroz, cebolla, una calabaza, picadillo y una docena de huevos. “Y la leche la buscaré en las mipymes, esa amarilla que parece ‘Cerelac’, porque la buena mijita, la de bolsa sellada, a esa no le llega nadie. Más de dos mil pesos y todo el mundo sabe que no cuesta eso. Aquí no se respeta nada. Sí, compraré el kilo a granel de esa mala. Pan para hoy y hambre para mañana”.
Normas para contener la subida
Hace casi un año, en julio de 2024, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) publicó la Resolución 225 para regular los precios minoristas máximos de seis productos de alta demanda: pollo troceado, aceites comestibles (excepto el de oliva), leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo.
Las importaciones de cada uno fueron exoneradas del pago del impuesto aduanero, con lo cual se pretendía estimular la entrada al país de esos insumos.
También se reguló que, en la formación de los precios minoristas de estos productos, los actores económicos reconocieran hasta un 30% de margen de ganancia sobre costos y gastos, siempre que no excedieran los topes establecidos.
Según explicó entonces el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, el objetivo de la medida era contener el alza de los precios en los productos básicos, tras la evaluación del mercado y encuentros previos con los actores económicos.
De acuerdo con el texto “La inflación y el control de precios”, publicado en el sitio web de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, desde el punto de vista económico era necesario hacer esta regulación, pero debe ser transitoria y guardar relación con la tasa cambiaria y el costo de la divisa en el mercado financiero informal.
Otras normativas vinieron después, como la aprobación en febrero de los precios para comercialización minorista de nuevos medicamentos o el Acuerdo 10093, por el cual el MFP dispuso la regulación temporal de los precios máximos de acopio y los minoristas de arroz y frijol común, de producción nacional.
Aunque estas leyes son necesarias para frenar el aumento galopante de los precios, no solucionan el problema de la capacidad de compra del salario medio nominal.
Control de precios vs. mercado distorsionado: El círculo vicioso de la escasez
En el contexto actual de la economía cubana, caracterizado por tensiones inflacionarias y desabastecimiento, se ha reavivado el debate sobre la efectividad de los topes de precios como medida para garantizar el acceso a productos básicos. Recientemente en Cuadrando la Caja se abordó el tema en el programa: “Topes de precios ¿solución o ilusión?”.
Experiencias históricas y análisis económicos publicados por expertos cubanos demuestran que esta medida, aplicada de forma aislada, no soluciona los problemas de fondo, sino que lejos de resolverlos, pueden agravarlos al distorsionar el mercado, reducir los incentivos a la producción y generar mercados negros. El control administrativo de precios —sin un aumento sostenido de la oferta— puede agravar los desequilibrios existentes.
Según los artículos publicados en Cubadebate “Inflación, complicado crucigrama” y “¿Cómo se infla la inflación?”, este fenómeno en la mayor de las Antillas es resultado de la contracción de la producción nacional, especialmente en sectores clave como la agricultura; las limitaciones en el acceso a divisas que afectan la capacidad de importar insumos; la dualidad monetaria no resuelta completamente que distorsiona los costos reales; además de la existencia de un mercado paralelo de divisas que también contribuye al desbalance de precios.
El economista José Luis Rodríguez, en el trabajo “Las propuestas de tres economistas para controlar la inflación en Cuba”, publicado en 2022, advertía: “Para enfrentar esta situación se requiere un programa que –por un lado- mitigue de inmediato los efectos de la inflación en las personas y por otro reduzca el índice de precios al consumidor a mediano plazo”. Es que controlar precios sin atacar las causas estructurales de la escasez es insostenible. La solución pasa por aumentar la eficiencia productiva y reducir dependencias externas.
Precisamente, en el libro “Miradas a la economía cubana. De la Conceptualización a la práctica”, se analiza cómo los controles de precios en períodos anteriores generaron, en primer lugar, mercados informales donde los productos regulados desaparecieron de las tiendas estatales y reaparecieron en el mercado negro a precios muy superiores, así como desincentivos a la producción, donde agricultores y fabricantes redujeron su output al no cubrirse los costos.
Por ejemplo, el pan subsidiado: cuando el precio se fijó por debajo del costo de producción, muchas panaderías estatales dejaron de cumplir sus planes, obligando a importar harina con divisas limitadas.
¿Regulaciones sin flexibilidad?
En Santiago de las Vegas, el contraste entre las regulaciones estatales y la realidad económica es cada vez más evidente. A pesar de las disposiciones del Ministerio de Finanzas y Precios, que establece topes para productos básicos, los montos en los mercados informales –y a veces incluso en establecimientos formales– siguen disparados. Los trabajadores por cuenta propia, actores clave en la cadena de distribución, enfrentan presiones tanto de la inflación como de la escasez.
¿Qué los lleva a vender por encima de los precios regulados? ¿Cómo afecta la falta de materias primas o los altos costos de importación? ¿Existen realmente mecanismos efectivos de control, o las regulaciones quedan en el papel? Para responder estas preguntas, conversamos con un cuentapropista de esa localidad de Boyeros, quién, desde su experiencia diaria, explica los desafíos de cumplir con las normativas y obtener ganancias sin precios abusivos a los clientes.
A simple vista, el establecimiento de Emilio —ubicado cerca de la concurrida intersección de Boyeros y Calzada de Managua— parece bien abastecido. Sin embargo, tras dos años de apertura y múltiples intentos por mantenerse a flote, algo salta a la vista: los productos con precios regulados por el Ministerio de Finanzas y Precios brillan por su ausencia, al menos en los anaqueles.
El dueño de este negocio familiar admite con franqueza las dificultades:
“No es que no quiera venderlos, pero conseguir los productos con precios competitivos es una odisea, vas a una mipyme importadora y los encuentras, pero con el precio máximo topado, o sea, sin margen de ganancias. Sé que muchos los adquieren así mismo, y les suben el precio violando lo que está regulado, pero yo prefiero operar con otros productos sin restricciones para hacer rentable mi negocio”, remarca.
Sobre las inspecciones para verificar el cumplimiento de las normativas comenta, mientras acomoda unos paquetes de café en su mostrador: “Han venido, revisan, anotan, a veces multan… y al día siguiente todo sigue igual”.
—¿Conoce los precios máximos establecidos por la resolución para los productos que comercializa?
“Claro que los conozco. Están ahí, en los carteles que nos obligan a poner… pero entre saberlos y aplicarlos hay un abismo”, admite Emilio, mientras señala un descolorido listado de precios pegado tras el mostrador.
—En su experiencia, ¿cree que estos precios regulados son realistas frente a los costos actuales de producción o importación?
Con un gesto entre el escepticismo y la resignación, saca su libreta de gastos y desgrana la cruda realidad numérica que hacen insostenibles para él los precios topados. Esas regulaciones no pueden ser estáticas, porque el mercado no lo es.
—¿Qué medidas sugeriría para que las regulaciones sean más viables tanto para los productores como para los consumidores?
“El Estado debe tener en cuenta los gastos de importación de esos productos y reducir los impuestos a las mipymes, para que el consumidor al final no se vea afectado”.
Tras hojear su libreta de cuentas llena de tachaduras, propone un plan de acciones que, en su experiencia diaria, podría equilibrar la ecuación imposible entre regulación y realidad:
Primero, que los topes se revisen trimestralmente, vinculados al costo real de producción o importación. Deben eliminar los intermediarios: “Que el Estado venda directo a cuentapropistas los productos regulados, para evitar la reventa. Mejor que subsidien al productor de huevos que obligarlo a vender con pérdidas, y además deben ser más flexibles, no es lo mismo un negocio ubicado en Miramar que el mío ubicado en Santiago de las Vegas. Que las reglas varíen según la facturación”, concluye.
El sol cae y anuncia el fin de la jornada, mientras Emilio cierra su negocio. Su testimonio deja al descubierto la fractura entre el sistema regulatorio y una economía que se reinventa en la informalidad: “No quiero ser un infractor, pero tampoco soy tonto. Al final, cada día tomo una decisión: o cumplo la ley y cierro, o la esquivo y sobrevivo”.
Papel mojado: Cuando los controles chocan con la falta de producción nacional
En los artículos sobre las nuevas regulaciones de precios de medicamentos, arroz y frijol publicados en Cubadebate, así como en el “Vale-No Vale: Precios topados, optimización del sistema de transporte y bancarización”, los comentarios de los internautas muestran un panorama mucho más complejo que no se soluciona con fijar números en un papel.
“Desde que pusieron precio tope al arroz nacional en Centro Habana nunca más lo hemos visto. ¿De qué sirve el control si el producto desaparece?”, se cuestiona uno de los usuarios.
“Produzco frijoles en Sancti Spíritus y con estos precios de acopio no me cubro ni el combustible. Mejor los vendo a particulares, aunque sea ilegal”, refiere otro de los foristas.
El usuario Yordan Alonso, por su parte, señaló que los precios siguen en alza a pesar de los topes, mientras desaparecen los productos o el servicio. “Un círculo de nunca acabar. Colas (en cajeros) para obtener unos pesos y no te aceptan transferencias solo si pagas un 10 o 15% más”.
Si bien el consenso es que las políticas deben incentivar la producción, varios usuarios refieren un ineficiente control y fiscalización: sin comprometimiento, con sobornos, que pondera poca exigencia y deja “correr” los problemas o violaciones hasta que son imparables.
En muchas regiones del país se multa a los establecimientos por sobreprecios, pero a los dos días todo sigue igual. Los inspectores llegan, ponen la sanción y los negocios suben aún más los precios para recuperar lo perdido.
Es un círculo vicioso que no ataca la raíz. Como resume un comentario: “Los controles sin oferta son papel mojado. Mientras no haya producción nacional fuerte y canales de distribución eficientes, la situación no cambiará”.
Más inspecciones y multas: El reclamo popular
El país enfrenta día a día el incremento sostenido de los precios, y las opiniones recogidas en distintas provincias confirman lo difícil que resulta para las instituciones implicadas detener esta tendencia alcista.
Más allá de la capital, en el municipio de Artemisa, por ejemplo, el pollo se encuentra disponible, pero su valor varía según la cantidad de libras adquiridas: 2000, 2100, 2300, 2500, incluso 3000 pesos, y así sucesivamente. Mientras, el pomo de aceite se comercializa a 1200 pesos, acompañado de un paquete de papel higiénico o un pequeño refresco como “incentivo” en algunos puntos de venta.
Los consumidores denuncian el incumplimiento de la Resolución 225 del Ministerio de Finanzas y Precios.
“Nos damos cuenta de que en muchas ocasiones no se respetan esos precios establecidos”, comentó una jubilada residente de la zona de La Palma, Arroyo Naranjo.
“Pero también entiendo que los precios internacionales pueden influir. El problema es que nosotros, los consumidores, no tenemos acceso a esa información para saber si realmente es así”.
Aunque es entendible que un contenedor de pollo recibido en el puerto del Mariel, por ejemplo, no asuma los mismos gastos de transportación, manipulación o estadía que otro destinado a La Habana o Artemisa y, en consecuencia, el precio sea mayor en provincias más distantes de la capital, el desconocimiento de estos factores deja a los consumidores desprovistos de argumentos para reclamar sus derechos.
La falta de transparencia en los costos de importación y la especulación en el mercado interno generan desconfianza. “No sabemos si los vendedores han adquirido los productos a mayor precio o simplemente están aprovechándose”, señala otro ciudadano. “Lo que debe haber son más inspecciones en los locales donde se venden estos productos, que cada día suben los precios sin justificación clara”.
La demanda es clara: mayor fiscalización y sanciones ejemplares para quienes violen las regulaciones. “Si alguien incumple, debe ser multado de manera que entienda que estas medidas son para proteger a los que menos tienen: jubilados, obreros y familias con salarios bajos”, reclama un artemiseño.
En Ciego de Ávila, los precios también reflejan una marcada volatilidad. El aceite y el detergente oscilan entre los 1000 pesos y más; la leche en polvo puede alcanzar los 2200; la pasta de 850 a 1000; y productos como la salchicha y el pollo varían entre 450 y 1500 pesos.
Por otra parte, en Bayamo el litro de aceite se comercializa alrededor de los 1200 pesos, mientras que el kilo de pollo troceado alcanza los 680 pesos. La leche en polvo fluctúa entre los 2000 y 2400 pesos el kilogramo, y los paquetes de pasta de 500 gramos se ofertan a 290 pesos. La salchicha, en presentaciones de 360 gramos, ronda los 480 pesos, aunque el precio varía según el vendedor. El detergente en polvo de un kilogramo presenta una amplia variación: desde 700 hasta 2100 pesos.
“Aquí todo depende: si compras al por mayor o al detal, de quién te lo venda, si es de primera, segunda o hasta quinta mano, o incluso si el producto está perdido o no”, explica un bayamés. “Esta semana el aceite está a 1200 pesos, pero la próxima puede subir a 1300… o bajar a menos de 1000. Así es la cosa”.
Mientras, en Sancti Spíritus, los precios mantienen una tendencia igualmente inestable. El litro de aceite se ubica entre 1000 y 1200 pesos; el pollo troceado, en paquetes de 2 kg, cuesta entre 1700 y 1900 pesos, dependiendo de la intermediación. La leche en polvo de un kilogramo alcanza los 3000 a 4000 pesos, y la pasta, en presentaciones de 1 kg, ronda los 900 a 1000 pesos. Las salchichas se venden en paquetes de 10 unidades a aproximadamente 500 pesos, y el detergente en polvo de 1 kg se cotiza en 1200 pesos.
“Así están las cosas hoy, más o menos, en esta región del país”, comenta un espirituano. La falta de uniformidad en los precios y la incertidumbre sobre su evolución siguen siendo una constante, dejando a los consumidores a merced de una dinámica de mercado que pocos logran descifrar.
Un entrevistado en el Vedado, en La Habana, considera que el tope al precio de los productos de primera necesidad es importante y que, sobre todo, “sea asequible para el trabajador promedio que gana alrededor de 5 000 pesos al mes”. Los decisores, añade, deben sentarse y analizar bien este tema.
“También esto pasa porque el Estado no tiene los productos para abastecer ni satisfacer las necesidades de la población y, como quienes los tienen son los particulares, estos hacen lo que quieren y la población termina afectada”, dice una ciudadana de Jagüey Grande, Matanzas. ¿De qué sirve que se realicen controles de precio, si al final el particular hace lo que le da la gana?, reflexiona.
“En ocasiones, sin generalizar, los inspectores son los primeros que ayudan a que ese descontrol exista. No sé cuando va a parar el tema de la violación de precios”, concluye en un audio vía WhatsApp.
Entre el 21 y 23 de abril pasados, en La Habana se realizaron 2 597 acciones de control de precios, y se detectaron 2563 violaciones. En respuesta, se aplicaron 3202 multas, por un importe total de 16 010 940 CUP, según el sitio web Portal del Ciudadano.
Las principales irregularidades estuvieron relacionadas fundamentalmente con las violaciones de los precios concertados mediante la Resolución 225.
Lecciones del cerdo: Precios regulados vs. desabastecimiento
¿Por qué los controles administrativos fallan? Es una realidad que la demanda de productos básicos en Cuba es inelástica porque la población los necesita, independientemente del precio. A ello se suma que la oferta está deprimida por problemas estructurales (falta de insumos, baja productividad, centralización excesiva).
En este escenario, al fijar precios por debajo del equilibrio se estimula el consumo porque aumenta la demanda y se desalienta la producción; la oferta se contrae aún más. Esto se evidenció, por ejemplo, con los precios topados a la carne de cerdo en 2021, donde el desabastecimiento empeoró, pese a los controles.
Manifestaciones similares ocurrieron en varias provincias cubanas desde mediados de 2022, con la regulación del precio de productos agrícolas y otros alimentos, que hizo que estos se movieran a territorios donde obtuvieran más ganancias, mientras se limitaban las ventas en las provincias reguladas, se escondían los productos y no pocos terminaban en intermediarios que los comercializaban a precios abusivos en el mercado negro.
Desde el pensamiento económico cubano se han propuesto varias alternativas.
Los académicos plantean la necesidad de una mayor autonomía a productores locales, o sea, flexibilizar la comercialización directa de agricultores y mipymes; incentivos fiscales para reducir impuestos a sectores prioritarios y estimular la producción, además de implementar políticas diferenciadas con precios regulados para productos esenciales. Sin oferta, no hay control que funcione.
Los topes de precios en Cuba, aunque bienintencionados para proteger el poder adquisitivo de la población, no resuelven el problema de fondo: la escasez crónica y la inflación.
Cuando los precios se fijan por debajo del equilibrio entre oferta y demanda, se generan distorsiones, mercados informales, desincentivos a la producción y mayor dependencia de importaciones.
La solución requiere políticas integrales que prioricen la producción local, la eficiencia económica y la descentralización. El verdadero control de precios no se decreta, se construye con más oferta. Esto implica flexibilizar trabas a productores, corregir distorsiones monetarias y garantizar incentivos reales para que la economía cubana genere los bienes que demanda la población, sin depender de parches regulatorios que ahondan los desequilibrios.
