En el complejo contexto cambiario actual, han surgido diversas propuestas de cómo poner un freno al proceso depreciatorio del tipo de cambio informal. Una de ellas pone su énfasis en el impacto que sobre dicho tipo de cambio tiene la demanda que realizan las formas de gestión no estatales, identificándolas como uno de los principales componentes de la tendencia depreciatoria que opera en el mercado informal de divisas, debido a la demanda que estos actores realizan al acceder a las divisas necesarias para las importaciones de bienes de capital, intermedios o finales requeridos para su actividad económica.
En esta línea, una idea que ha circulado en las redes recientemente es la propuesta de prohibición de la importación de bienes finales o una limitación muy estricta de las mismas por parte de estos actores. Con esto se espera, por un lado, liberar divisas para otras actividades necesarias para el país, a la vez que se reduce la presión de demanda de estos actores lo que previsiblemente tendrá como correlato una reducción del precio del tipo de cambio informal. Sin embargo, analicemos más detenidamente esta propuesta.
Supongamos que el día de mañana se toman medidas para prohibir o limitar a un extremo casi absoluto las operaciones de importación de las FGNE, ¿reduciría esto el tipo de cambio informal a corto plazo?
La verdad es que probablemente sí, a muy corto plazo. Porque, si bien las explicaciones macroeconómicas –como las expuestas en la primera parte de este trabajo– dictan la tendencia del tipo de cambio, en un largo periodo de tiempo a corto plazo hay otros factores a tener en cuenta. Una salida masiva de demandantes y la ruptura de cadenas de importación desplomaría la demanda de divisas en el mercado informal y, por consiguiente, su precio. Pero la pregunta real en el fondo no sería esa, sino ¿a qué costo?
Esta caída de la demanda de divisas informales sería el correlato de una reducción profunda de las importaciones de los actores económicos no estatales y por tanto de sus ofertas internas, que hoy satisfacen una parte no despreciable de la demanda solvente del país. Si, se lograría reducir el tipo de cambio informal, a costa de sacrificar niveles de actividad del sector privado –incluyendo disminución de los ingresos y el desempleo de trabajadores de este sector–, satisfacción de demanda interna y de dinamizar la espiral inflacionaria en productos básicos.
Hay que tener en cuenta que las importaciones de los actores económicos no estatales satisfacen una demanda solvente de consumidores con los medios monetarios para adquirir a esos precios, y que al hacerlo descompresionan la demanda sobre el resto de los mercados minoristas del país. Es cierto que muchos precios de los actores económicos no estatales no están al alcance de todos, pero su existencia mantiene satisfecha una demanda que, de no existir esa oferta, terminaría presionando sobre el resto de los productos existentes.
Esos consumidores con medios monetarios desviarían su demanda hacia el resto de los mercados formales o informales contribuyendo a corto plazo a la inflación del resto de los bienes básicos que todos consumimos.
La contrapartida a la caída del tipo de cambio informal por métodos prohibitivos, a corto plazo, seria por su contrario inflacionaria y recesiva para la economía, y a un mediano plazo inútil. Hay que tener en cuenta que esa demanda solvente en pesos, que demandaba los productos importados por el sector no estatal, seguirá estando allí, en un principio presionando sobre otros mercados, pero con el paso del tiempo buscará otros mecanismos para satisfacer sus niveles de demanda, ya sea en las tiendas en divisas del Estado, mediante las importaciones informales –las denominadas mulas–, o mediante los pocos mecanismos de importación que se mantengan vigentes. Esto a mediano plazo llevara la cotización del dólar a niveles similares a antes de la medida, recolocándolo en lo que podría denominarse “nivel de fundamentos”: el equilibrio a corto plazo entre la oferta de divisas existentes y la demanda de las mismas desde el volumen de moneda nacional existente.
La existencia de mercados informales como el de divisas es la constatación de que las medidas administrativas tienen poca efectividad para doblegar a los fundamentos macroeconómicos. En condiciones donde los tipos de cambios formales no reflejen las condiciones subyacentes del mercado –el precio que iguala la disposición de los oferentes a vender y los demandantes a comprar– surgen los mercados informales. Enfrentarlo desde la óptica de nuevas prohibiciones tendrá a la larga un efecto mucho más contraproducente del que pudiera tener la propia existencia de estos espacios, que aun en su forma informal permiten una determinada dinámica económica que, de dejar de existir sin alternativa, solo complejizaría la ya difícil situación actual.
Ahora bien, si bien las medidas administrativas por sí solas no deben ser a corto plazo un instrumento para lidiar con el mercado informal, pues por un lado serían poco efectivas y por el otro altamente contraproducentes, la informalidad de los mercados cambiarios y su continua depreciación continúa siendo un problema para la política económica del país.
En este punto, dos objetivos fundamentales deberían constituir prioridades en la política cambiaria:
a. En primer lugar, la formalización de las operaciones que hoy discurren por canales informales de compraventa de divisas, en sus diferentes modalidades: canalización de remesas informales, demanda para importación de actores económicos, demandas para acceder a los circuitos de ventas en divisas, etc. Solo el hecho de formalización ya agrega un grado de trasparencia y orden a las operaciones económicas, que de por sí supone un importante paso de avance en el escenario cambiario actual.
b. El segundo objetivo, en la práctica mucho más complejo, es la estabilización del tipo de cambio del mercado cambiario formalizado, y la posterior reducción de este a niveles que permitan utilizarlo como ancla antiinflacionaria en la economía.
Sobre procesos de este tipo existe ya en nuestro país un antecedente exitoso con la reducción del tipo de cambio informal y el traspaso de las operaciones informales a operadores formales –como Cadeca– en la década de los 90. Desde la óptica cambiaria, el escenario es bastante más complejo hoy.
La existencia de actores económicos no estatales agrega nuevos demandantes con fines productivos que no existían en el proceso de apertura de Cadeca de los años 90, que tenía un objetivo mucho más limitado en las operaciones de la población y el turismo, a la par de que la proliferación de canales informales para el envío de remesas es un reto importante a tener en cuenta para la constitución de un esquema cambiario formalizado que permita canalizar y centralizar en el sistema financiero formal la mayor parte de los flujos de divisas que hoy discurren por vías informales.
En estas condiciones, los retos que enfrenta la política cambiaria del país no son nada sencillos, aunque algunos comentarios en redes sociales en ocasiones subestimen las complejidades del proceso. Sin querer agotar el tema, y en líneas muy generales, vale destacar algunas ideas que podrían ayudar a fertilizar el debate sobre este proceso en las condiciones actuales:
a. En el frente de la estabilidad macroeconómica una primera tarea impostergable y prerrequisito indispensable es la disminución de las presiones monetarias que dinamizan al alza el tipo de cambio. La estabilidad macroeconómica es el prerrequisito insustituible para la estabilidad cambiaria. Este elemento, quizás el más complejo de todos, solo podrá alcanzarse mediante una reducción profunda de los desequilibrios fiscales, motor primordial –aunque no exclusivo– de la expansión monetaria actual.
Este ajuste fiscal en las condiciones actuales se torna un proceso complejo. Por un lado, dado que la lenta recuperación de la economía real genera limitados incrementos de ingresos presupuestarios y los gastos que se realizan son ya de por sí insuficientes para cubrir los muchos compromisos sociales a los que nuestro Estado socialista no puede ni debe renunciar.
A corto plazo, por el lado de los gastos, las mayores reservas podrían encontrarse en la transformación de los esquemas de subsidios de productos a personas, la racionalización de gastos de actividades no sustantiva, la postergación de inversiones financiadas con cargo en el presupuesto del Estado, así como la generación de mecanismos para un mayor control en los precios de compra del sector presupuestado mediante mecanismos de compras públicas y licitaciones que incrementen las cuotas de transparencia y capacidad negociadora de las instituciones de gobierno.
A mediano plazo, solo transformaciones más estructurales en las dimensiones del sector presupuestado y en el incremento de la eficacia del gasto público podrán hacer sostenible dicho gasto y evitar reapariciones de desequilibrios fiscales.
Por el lado de la movilización de ingresos, la modificación al alza de algunos tributos y tasas, así como la imposición de impuestos especiales a determinados bienes o servicios no básicos o de lujo que permitan mejora las cuentas fiscales, son algunas medidas que podrían explorarse en este sentido.
Sin embargo, otras transformaciones, como la modernización profunda de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) y su interconexión con otras instituciones públicas, a fin de mejorar sus capacidades de control y reducir la evasión fiscal, serán indispensables para avanzar a mediano plazo en un incremento sostenido de los ingresos fiscales. El rediseño integral de la política tributaria, en función de potenciar incentivos al pago de impuestos, reducir la evasión y concentrar la carga tributaria en aquellos impuestos de más fácil fiscalización, son otras medidas que podrían ser igualmente aplicadas.
Tal vez en los dos párrafos anteriores no se puedan ver expresadas del todo las complejidades de este proceso, pero no debemos dejarnos llevar por las posturas que subestiman las mismas a fin de solo señalar errores del Gobierno.
Los ajustes fiscales son siempre procesos extremadamente complejos, para avanzar en el mismo deberán ser adoptadas medidas que no siempre serán placenteras, pero que no por ello dejarán de ser necesarias. En un país como el nuestro, donde hay un empeño legitimo de no dejar a nadie atrás, cualquier ajuste fiscal debe redistribuir sus costos sobre aquellos que estén en mejores condiciones para asumirlo, protegiendo y beneficiando en el proceso, de ser posible, a aquellos que estén hoy en una situación mas vulnerable.
b. Por el frente de la formalización, es necesario generar las regulaciones, garantías, incentivos y penalidades que compulsen a los actuales operadores informales –fundamentalmente los intermediarios de remesas– a canalizar sus operaciones hacia los circuitos formales y canjearlas en el sistema financiero. Para tal fin, un incentivo indispensable será que el tipo de cambio del mercado oficial (“de Cadeca” si se le quiera llamar así) pase a reflejar en todo momento las condiciones objetivas del mercado y a modificar su valor según las tendencias subyacentes en el mismo.
El respeto irrestricto por parte del sistema financiero a las divisas de los diferentes agentes económicos, la fluidez de los pagos al exterior de los actores que compren divisas en el mercado –dentro de las limitaciones que tiene Cuba por cuestione del bloqueo–, así como determinadas penalidades para las operaciones que se realicen con divisas adquiridas fuera de los mercados cambiarios formales, deberían ser igualmente pilares de cualquier proceso de formalización.
La formalización supone la creación de un marco regulatorio que permita y privilegie el acceso legal de oferentes y demandantes a canjear sus divisas libremente con los operadores financieros del nuevo mercado cambiario formalizado, por lo que resulta indispensable dar acceso al mismo a todos los potenciales participantes: los que ya están operando en su variante informal, como la población y actores económicos no estatales, así como, de forma más gradual, empresas estatales o mixtas autorizadas a ofertar y demandar en el mismo.
Aunque inicialmente algunos controles cambiarios y limitaciones de accesos pueden ser impuestos para inducir determinado grado de gradualidad y evitar procesos de sobredemanda inicial, dado que se intenta la formalización de un mercado –informal– que cuenta con libre entrada y salida de oferentes y demandantes, solo una flexibilidad de acceso similar en el mercado oficial puede garantizar que se logre el traspaso de la mayor parte de las operaciones hacia los canales formales.
c. El tipo de cambio oficial del mercado cambiario –que previsiblemente operaría al inicio a la par de un tipo de cambio oficial más bajo como el actual 1×24– deberá reflejar por su parte el tipo de cambio “de fundamentos”, el equilibrio real de demanda y oferta de divisas de todos sus participantes en el mercado.
La estabilidad de este tipo de cambio será un correlato de las acciones anteriores, fundamentalmente del ajuste fiscal, pero a corto plazo deberá ser un reflejo de las proporciones reales de oferta y demanda de divisas.
Para ello no es un requisito indispensable que opere en forma de un tipo de cambio con flotación puramente libre, lo que es para los países del Tercer Mundo casi una rareza de libro de texto. Pudiese funcionar, en este sentido, algún tipo de esquema intermedio de flotación en bandas o flotación administrada por el BCC, pero las intervenciones de la autoridad monetaria deberán basarse en instrumentos económicos y no mediante el control administrativo del tipo de cambio de mercado. Desalinear el tipo de cambio de su valor de fundamento solo llevaría a la reaparición del mercado informal y a la pérdida de la credibilidad del arreglo cambiario adoptado.
d. Por último, las experiencias internacionales sobre procesos de formalización y unificación de tipos de cambio muestran que un elemento clave de los mismos está asociado a la comunicación y a la capacidad que se tenga de generar confianza en el público, mediante una explicación clara de los objetivos del ajuste cambiario y de los instrumentos con que cuenta el Gobierno para hacerlo viable, de que el arreglo adoptado será perdurable en el tiempo y que la autoridad monetaria será consistente con el mismo.
Aquí se esbozan claramente solo ideas generales, el camino hacia la formalización y la estabilización cambiaria será de seguro un camino mucho más tortuoso y complejo de implementar del que se pueda describir en un breve comentario. Sin embargo, es un proceso que, como otros, por su impacto, debería ser emprendido con decisión y voluntad política, conscientes de los riesgos, pero también de los potenciales beneficios.
Dado que la estabilidad cambiaria y las reglas de formalización son solo alcanzables mediante transformaciones de mucho mayor calado que exceden lo estrictamente cambiario –modificaciones en las políticas fiscal, monetaria, regulación bancaria, etc.– estos objetivos solo serían realistamente alcanzables y sostenibles si se sitúan en los marco de una estabilización macroeconómica realista, que modifique a la par las condiciones subyacentes que dinamizan la aparición del mercado informal y genere, mediante resultados tangibles, la confianza en el público de que el compromiso cambiario asumido es sostenible y duradero.
Una economía más formalizada y ordenada desde el punto de vista cambiario es una economía a la larga más eficiente y más cercana a la recuperación y al desarrollo que todos aspiramos. Avanzar hacia allí no será previsiblemente un camino sencillo, pero sí uno que está en nuestras manos y capacidades reemprender.
