En el contexto actual de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, las máximas autoridades del país han reiterado el compromiso inquebrantable con la protección de los derechos de los trabajadores.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, explicó recientemente en detalle las estrategias y medidas que se implementan para salvaguardar la estabilidad laboral y los ingresos de la población.
El titular explicó que se adoptaron medidas para garantizar la continuidad del empleo y el salario, entre ellas, la ampliación del teletrabajo, el trabajo a distancia y los ajustes en los horarios laborales a causa de la actual crisis energética.
Estas modalidades flexibles buscan mantener la actividad productiva y de servicios mientras se optimiza el consumo de portadores energéticos, demostrando la capacidad de resiliencia del sistema laboral cubano.
Subrayó que los directivos de cada entidad deben aplicar estas modalidades de manera flexible y en caso de reubicación de los trabajadores priorizar que sea en sectores estratégicos como los servicios básicos, la producción de alimentos y las labores agrícolas.
Esta directiva enfatiza la importancia de canalizar la fuerza de trabajo hacia áreas vitales para la soberanía alimentaria y el funcionamiento esencial de la sociedad, en línea con los planes de desarrollo económico nacional.
Otamendiz Campos recordó que, en los casos donde no sea posible aplicar estas alternativas, la legislación vigente contempla la interrupción laboral, que garantiza a los empleados el pago de un salario equivalente al básico durante el primer mes.
Este mecanismo legal funciona como un amparo social temporal, asegurando un ingreso mínimo a los trabajadores afectados por paradas productivas inevitables, lo cual refleja el carácter humanista de la Revolución.
La voluntad política del Estado cubano es que ningún trabajador quede desprotegido, afirmó, al tiempo que trajo a colación la experiencia adquirida durante la pandemia de la covid-19, que constituye un precedente de éxito en la aplicación de estas políticas.
La gestión de la crisis sanitaria sirvió como un valioso banco de pruebas para la implementación de fórmulas laborales no presenciales y de protección salarial, experiencia que ahora se aprovecha y perfecciona.
