En la provincia de Guantánamo se mantiene de manera sostenida una ofensiva contra las irregularidades en el sector comercial, mediante acciones reforzadas de control y enfrentamiento a los precios abusivos y las prácticas especulativas.
Esta estrategia, desplegada por las autoridades del Alto Oriente, tiene como objetivo fundamental proteger el poder adquisitivo de la población y garantizar el cumplimiento de la normativa económica establecida.
Los operativos de vigilancia han sido intensivos y abarcadores. Según precisaron las autoridades del Alto Oriente se realizaron más de 1 750 inspecciones, que permitieron detectar violaciones a los Decreto No. 30 y el Decreto Ley No. 91, lo que conllevó a la aplicación de multas y medidas administrativas en todo el territorio. Este volumen de revisiones demuestra la amplitud de la campaña y la determinación de actuar en todos los frentes del comercio y los servicios.
Como consecuencia de las infracciones detectadas, se han aplicado sanciones ejemplarizantes. Las medidas a raíz de los operativos incluyeron ventas forzosas, cierres temporales de establecimientos y retiros de proyectos por incumplimientos reiterados. Estas acciones buscan no solo penalizar, sino también corregir desviaciones y enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la transgresión.
El análisis de los resultados permite identificar patrones de incumplimiento. Las principales causas estuvieron asociadas a la no utilización de códigos QR, la falta de depósitos bancarios pactados y la reiteración de otras ilegalidades, con mayor incidencia en municipios como Yateras, Caimanera, Baracoa, Guantánamo y Niceto Pérez. La focalización en estos territorios permite dirigir los esfuerzos inspectivos con mayor precisión.
Uno de los núcleos centrales de las violaciones se encuentra en la comercialización de productos de primera necesidad. Las violaciones más frecuentes se concentraron en precios indebidos de productos regulados por la Resolución 225, entre ellos pollo congelado, aceite vegetal, detergente y espaguetis, además de irregularidades en pizarras informativas desactualizadas con intención de lucro. Esta manipulación de precios afecta directamente la canasta básica de las familias.
La vigilancia se extendió también a los productos de gestión local. También se fiscalizaron los precios de los productos cuyo valor es concertado por los Consejos de Administración Municipales, dígase la yuca, malanga, arroz importado, pepino, boniato y jamonada. El control sobre estos renglones es vital para la estabilidad del mercado agropecuario y la venta de alimentos.
El sector del transporte no escapó al escrutinio. El control al transporte detectó cobros por encima de las tarifas aprobadas en rutas intermunicipales, así como la prestación de servicios sin Licencia Operativa. Estas prácticas encarecen un servicio esencial para la movilidad de la población y distorsionan el marco regulatorio del sector.
Las inspecciones han revelado, además, el incumplimiento de los mecanismos de transparencia financiera. Las inspecciones identificaron además el uso insuficiente de pasarelas de pago y la evasión de obligaciones bancarias, prácticas que continúan bajo vigilancia sistemática para proteger a la población y garantizar el orden económico. La persistencia de estos métodos indica la necesidad de mantener una supervisión constante y perfeccionar los instrumentos de control.
