El Ministerio de la Construcción (MICONS) anunció la actualización del Reglamento de Inspección Estatal de la Construcción, marco normativo que rige la supervisión de todas las obras y la producción de materiales en el país, según información difundida por el organismo a través de sus redes sociales oficiales.
La entidad responsable de aplicar estas disposiciones es la Unidad de Inspección Estatal de la Construcción, una estructura adscrita directamente al MICONS. Esta unidad se compone de una Dirección General y catorce Oficinas Territoriales distribuidas en el país, cuya función principal es ejecutar y controlar las inspecciones dentro del sector constructivo.
Este sistema de inspección fue creado hace 28 años y ha sido perfeccionado en tres ocasiones anteriores mediante regulaciones específicas: la Resolución 119 de 2002, la Resolución 5 de 2008 y la Resolución 269 de 2017, todas publicadas en la Gaceta Oficial de la República.
La nueva normativa introduce como novedad la integración de las inspecciones dentro del denominado Proceso Inversionista. Además, establece los procedimientos para supervisar a todos los actores clave del sector, incluidos constructores, proyectistas, contratistas, suministradores y productores de materiales, asegurando que su labor se ajuste a la legislación y a los estándares técnicos vigentes.
Entre las facultades principales que otorga el reglamento a los inspectores se encuentran la fiscalización directa de la ejecución de las obras, la potestad de paralizar proyectos que incumplan las regulaciones, la supervisión del uso correcto de materiales y tecnologías, y el control de la legalidad de las licencias y permisos de construcción emitidos.
Según el texto, los objetivos estratégicos de la norma son “garantizar la seguridad estructural y la calidad de las edificaciones, prevenir daños materiales y humanos, fortalecer la disciplina tecnológica y administrativa, y contribuir al desarrollo sostenible de la infraestructura nacional”.
En su comunicado, el MICONS subrayó que este reglamento “facilita la supervisión del cumplimiento de las normas legales, técnicas y metodológicas establecidas por organismos estatales, lo que refuerza la institucionalidad y la eficiencia en el sector”.
